Una encuesta rápida realizada por la cuenta @EnBogaMx en X volvió a poner sobre la mesa una preocupación que ya circula con fuerza en el debate público: el riesgo de que el crimen organizado se infiltre en las candidaturas de cara a las elecciones intermedias de 2027.
La pregunta era clara: ¿Quién debería tener la última palabra para evitar que candidatos vinculados al narco lleguen al poder? Las opciones y los resultados finales, con 205 votos, arrojaron un mensaje contundente. El 61 por ciento de los participantes eligió la opción “Revisar a todos”. Muy por detrás quedaron “Que investigue Fiscalía” con 19 por ciento, “El INE debe decidir” con 15 por ciento y “Los partidos deciden” con apenas 5 por ciento.
El resultado refleja un clima de desconfianza. No es casual. En los últimos meses tanto el Instituto Nacional Electoral como el Gobierno federal han puesto el tema en la agenda. El INE instaló la Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas, encabezada por el consejero Arturo Chávez, con el objetivo de detectar posibles vínculos de aspirantes con la delincuencia organizada. El mecanismo, sin embargo, es voluntario: los partidos entregan las listas si así lo desean y las instituciones de seguridad, inteligencia y procuración de justicia —Fiscalía General de la República, Unidad de Inteligencia Financiera, Centro Nacional de Inteligencia y Comisión Nacional Bancaria y de Valores, entre otras— emiten una evaluación de “riesgo razonable”. La decisión final de postular o no a esa persona sigue estando en manos de los partidos.
Esa es precisamente la parte que más genera molestia entre quienes respondieron la encuesta. El 61 por ciento que votó por “Revisar a todos” parece exigir un filtro más estricto y generalizado, no solo voluntario. Para muchos, dejar la última palabra en los partidos o limitarse a investigaciones de la Fiscalía no alcanza. Quieren un mecanismo que revise de forma sistemática a todos los perfiles antes de que lleguen a la boleta.
El tema no es menor. En 2027 se renovarán 17 gubernaturas, más de mil diputados locales y alrededor de 2.200 presidencias municipales. El universo de candidaturas es enorme y, según ha reconocido el propio INE, podría superar las 30 mil. En ese contexto, la preocupación por la infiltración del crimen organizado no es teórica. Consejeros electorales y autoridades han advertido que la delincuencia “pone y quita candidatos”, financia campañas y presiona a autoridades electas en varias regiones del país.
El Gobierno de Claudia Sheinbaum ha insistido en que se trabaja en una metodología única de evaluación de riesgos en coordinación con el INE. La idea es que los partidos puedan consultar información oficial antes de definir sus listas. Pero la encuesta de @EnBogaMx muestra que una parte importante de la opinión pública no se conforma con un esquema voluntario. Quiere revisión obligatoria y generalizada.
El 5 por ciento que confió en que “los partidos decidan” y el 15 por ciento que apostó por el INE como autoridad final también hablan de la polarización del tema. Unos prefieren que la responsabilidad recaiga en las fuerzas políticas; otros, en la autoridad electoral. La mayoría, sin embargo, parece haber llegado a una conclusión más simple y más dura: hay que revisar a todos.
Con el proceso electoral de 2027 ya en marcha, el mensaje de esta pequeña muestra de opinión pública es difícil de ignorar.
