El Congreso Nacional Indígena denunció un nuevo ataque armado presuntamente perpetrado por integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación contra la comunidad nahua de Santa María Ostula, en el municipio de Aquila, Michoacán, y acusó a las autoridades estatales y federales de mantener una política de omisión frente a la violencia que enfrentan los pueblos originarios en distintas regiones del país.
A través de un comunicado difundido el 19 de mayo de 2026, la organización indígena afirmó que la Encargatura de la Cofradía de Ostula fue atacada por un comando armado vinculado al CJNG. Según la denuncia, el grupo agresor fue repelido por la Guardia Comunal de la comunidad tras un enfrentamiento que se prolongó por casi una hora y que posteriormente se desplazó hacia las inmediaciones de Coahuayula, en el municipio de Chinicuila.
El documento sostiene que no se reportaron personas heridas ni fallecidas debido a la reacción de los cuerpos de seguridad comunitarios. Sin embargo, el CNI advirtió que el ataque representa una nueva escalada de violencia contra comunidades indígenas de Michoacán, particularmente aquellas que mantienen sistemas de autogobierno y estructuras de seguridad comunal.
En el mismo pronunciamiento, la organización señaló directamente al gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, al asegurar que el “silencio” de las autoridades frente a las agresiones ha alimentado la percepción de una presunta colusión entre sectores gubernamentales y grupos del crimen organizado. Hasta el momento, el gobierno estatal no había emitido un posicionamiento público sobre las acusaciones difundidas por el CNI.
La denuncia del Congreso Nacional Indígena enlazó el ataque contra Ostula con otros episodios recientes de violencia en comunidades originarias de Michoacán. El comunicado recordó que el pasado 17 de mayo la comunidad purépecha de Santa María Sevina, municipio de Nahuatzen, sufrió una agresión armada en la que fueron asesinados Jesús Álvarez Gutiérrez e Ignacio Campos Guerrero, integrantes de la Ronda Comunal, además de que otra persona resultó gravemente herida.
Asimismo, el CNI refirió que el 6 de mayo comuneros de Acachuén, en el municipio de Chilchota, fueron atacados presuntamente por un comando del CJNG que, según la denuncia, actuó bajo protección de policías municipales. Ese hecho dejó dos personas muertas y una más lesionada. Posteriormente, el 11 de mayo, integrantes del Consejo Supremo Indígena de Michoacán denunciaron haber sido reprimidos por elementos de la policía estatal durante una protesta relacionada con esos hechos violentos.
La organización indígena aseguró que durante los últimos dos años las comunidades originarias de Michoacán han enfrentado incursiones armadas constantes, incluyendo ataques con drones y explosivos dirigidos tanto contra población civil como contra autoridades comunales e instalaciones comunitarias.
El comunicado también incorporó referencias a otros conflictos registrados en distintas entidades del país. Entre ellos, el asesinato de Marcos Aguilar Rojas, representante comunal de la comunidad tepehuana-wixárika de San Lorenzo Azqueltán, en Jalisco, ocurrido en noviembre de 2025, así como el desalojo de familias tzeltales integrantes del CNI en Jotolá, municipio de Chilón, Chiapas, en febrero de este año.
Además, el Congreso Nacional Indígena denunció recientes ataques armados en comunidades nahuas del municipio de Chilapa, Guerrero, pertenecientes al Consejo Indígena y Popular de Guerrero-Emiliano Zapata, donde atribuyó al grupo criminal de “Los Ardillos” asesinatos, desplazamientos forzados y daños materiales en diversas localidades. También señaló agresiones prolongadas contra la comunidad me’phaa de San Pedro Huitzapula, en Atlixtac.
En su posicionamiento, el CNI sostuvo que la violencia contra pueblos indígenas forma parte de una estrategia de despojo territorial impulsada por intereses criminales y económicos. La organización acusó al Estado mexicano y a distintos niveles de gobierno de favorecer, mediante omisión o complicidad, el avance de grupos criminales en territorios indígenas.
El pronunciamiento concluye con un llamado a organizaciones sociales, colectivos, medios independientes y redes nacionales e internacionales a fortalecer acciones de resistencia y solidaridad frente a la violencia que, afirma, enfrentan los pueblos originarios en México.
