Un juez de control vinculó a proceso a Stella “N” por violencia vicaria, una modalidad de violencia familiar tipificada en el Código Penal de Coahuila, en un caso que abre un precedente relevante en la entidad. La resolución judicial se sustentó en datos de prueba presentados por la Fiscalía, que señalan el presunto uso de los hijos de la pareja como instrumento para causar daño emocional al padre, Jhonny Robles
La decisión judicial fue emitida tras una audiencia en la que el Ministerio Público expuso elementos relacionados con un conflicto familiar prolongado, en el que —según la acusación— se habría impedido de manera reiterada la convivencia entre el padre y sus hijos.
El juez de control consideró que los datos de prueba eran suficientes para iniciar el proceso penal por violencia familiar en su modalidad de violencia vicaria y fijó un plazo para la investigación complementaria, conforme a lo establecido en el sistema penal acusatorio.
La violencia vicaria se encuentra tipificada en el artículo 251 del Código Penal de Coahuila como una forma específica de violencia familiar. La norma establece que incurre en este delito quien, por acción u omisión, utilice como víctimas directas a hijos u otras personas en situación de dependencia, como adultos mayores, personas con discapacidad e incluso mascotas, con el propósito de causar daño a otra persona.
La legislación señala que este tipo de conductas deben generar una afectación psicoemocional o física, ya sea directa o indirectamente, para que puedan ser encuadradas dentro del tipo penal.
Uso de los hijos como medio de daño emocional
De acuerdo con la denuncia presentada en Saltillo, la Fiscalía estatal sostiene que existió una negación sistemática del contacto entre Jhonny Robles y sus hijos, así como acciones orientadas a debilitar el vínculo paterno-filial.
Bajo este argumento, el Ministerio Público clasificó los hechos como violencia vicaria, una categoría jurídica incorporada en 2023 al catálogo de violencia familiar en Coahuila, con el objetivo de visibilizar y sancionar este tipo de dinámicas.
El abogado Ricardo Torres Mendoza, especialista en derecho familiar, explicó que la violencia vicaria no implica una agresión directa contra la víctima principal, sino el uso de terceros —generalmente los hijos— como mecanismo de castigo.
“Impedir la convivencia, manipular emocionalmente a los menores o colocarlos en medio del conflicto con la intención de causar sufrimiento a la expareja es lo que da forma a este tipo de violencia”, señaló el jurista, al subrayar que se trata de conductas que pueden tener consecuencias psicológicas duraderas.
Penas y medidas previstas en el Código Penal de Coahuila
El delito de violencia familiar, en cualquiera de sus modalidades, contempla penas que van de seis meses a seis años de prisión, además de sanciones accesorias. Entre ellas se incluye la posible pérdida de derechos respecto de la víctima, como la patria potestad, restricciones al régimen de visitas y derechos sucesorios.
Asimismo, el Código Penal prevé medidas de seguridad, como la prohibición de acudir o residir en determinados lugares, cuya aplicación queda a criterio del juez, en función del riesgo y las circunstancias del caso.
Defensa rechaza acusación y anuncia impugnaciones
La defensa legal de Stella “N” negó los señalamientos formulados por la Fiscalía y anunció que buscará revertir las medidas cautelares, entre ellas la obligación de acudir mensualmente a firmar ante un juzgado en Colima, entidad donde reside la imputada.
Los abogados recordaron que la acusada se presentó voluntariamente ante la autoridad y que, meses atrás, un juez resolvió no vincularla a proceso por falta de elementos, antecedente que ahora vuelve a formar parte del debate jurídico.
El caso ha generado posturas encontradas. Por un lado, familiares y colectivos civiles exigen que la violencia vicaria sea plenamente reconocida, investigada y sancionada como una forma grave de violencia familiar. Por otro, algunas organizaciones advierten sobre el riesgo de trasladar conflictos familiares complejos al ámbito penal sin un análisis integral que considere el interés superior de niñas y niños.
