En una audiencia que se extendió por más de 18 horas y que culminó en la madrugada de este martes, la exalcaldesa de Múzquiz, Coahuila, Tania Flores Guerra fue vinculada a proceso por el delito de ejercicio abusivo de funciones, en su modalidad de asignación ilegal de obra pública o contratos de obra pública, en el marco de una investigación que incluye un presunto desvío de recursos por alrededor de 280 millones de pesos durante su gestión municipal.
La decisión fue adoptada por la jueza María Galindo Hernández tras una audiencia realizada en el Centro de Justicia Penal de Saltillo, en la cual el Ministerio Público presentó elementos que, a juicio del juzgador, son suficientes para que el caso continúe por la vía penal. Este dictamen se emite tras una extensa diligencia que comenzó por la mañana del lunes y concluyó hasta bien entrada la madrugada del martes, en un proceso que ha mantenido la atención de medios y actores políticos en la región.
Flores Guerra, militante de Morena que gobernó Múzquiz de 2022 a 2024, fue trasladada desde Sabinas el pasado 16 de diciembre por elementos de la Fiscalía General del Estado de Coahuila, en cumplimiento de una orden de comparecencia solicitada por la Fiscalía Anticorrupción estatal, luego de que la exfuncionaria no atendiera citatorios previos ni justificara sus ausencias desde julio.
La imputación central, según describen las autoridades, radica en la presunta asignación irregular de contratos de obra pública y otros servicios durante su administración, acciones que habrían generado un quebranto al erario superior a los 280 millones de pesos. Este monto, que ahora forma parte esencial de la investigación, supera con creces los señalamientos previos por desvíos menores que ya habían sido objeto de denuncias y señalamientos en instancias legislativas y auditorías anteriores.
Como parte de las medidas cautelares, la jueza determinó que Flores Guerra deberá presentarse a firmar cada dos meses ante la autoridad judicial, pero continuará el proceso en libertad, sin que por ahora se haya impuesto prisión preventiva. El plazo inicial para la investigación complementaria fue fijado en dos meses, con posibilidad de ampliación hasta seis, según el avance de las diligencias y la incorporación de nuevas pruebas, incluyendo peritajes y análisis financieros que podrían clarificar las responsabilidades de otros implicados en la red de asignaciones.
Flores Guerra, por su parte, ha rechazado las acusaciones y catalogado el proceso como “arbitrario” y políticamente motivado, denunciando que la audiencia estuvo dirigida y que la decisión judicial obedeció a intereses externos más que a un análisis jurídico objetivo. En conferencia de prensa, la exalcaldesa anunció que promoverá un amparo federal y recurrirá a instancias de Derechos Humanos para impugnar la vinculación a proceso, asegurando que los señalamientos carecen de sustento legal.
Este caso se inscribe en un contexto de creciente escrutinio sobre la gestión pública en municipios de Coahuila, donde no solo exfuncionarios han enfrentado procesos penales por presuntas irregularidades en el uso de recursos, sino que también otras figuras de la administración de Flores han sido vinculadas a proceso, como su ex tesorero municipal. El desarrollo de la investigación complementaria será clave para dilucidar el alcance de las posibles redes de adjudicación irregular de obras y responsabilidades políticas que, según fiscales y analistas, podrían tener implicaciones más amplias en la política local y la gestión de recursos públicos en la región.
Este episodio marca un punto de inflexión en la percepción pública de la administración municipal de Múzquiz, donde ciudadanos, empresarios y actores políticos observan con atención el avance del caso, que podría sentar precedentes para otros procesos similares en la entidad y alimentar el debate sobre la transparencia y la rendición de cuentas en los gobiernos locales.
