La alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, expresó públicamente su inconformidad con la resolución del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán, luego de que dicho órgano se declarara incompetente para resolver un procedimiento especial sancionador promovido en contra del senador Gerardo Fernández Noroña, a quien señala por presuntos actos de acoso, misoginia y violencia política en razón de género.
A través de un mensaje difundido en sus redes sociales, la edil calificó la decisión como una muestra de que las instituciones “prefieren ceder ante el poder y el miedo” en lugar de garantizar la protección de los derechos de las mujeres en la vida pública. La resolución, aprobada por mayoría, se sustentó en el argumento de que Quiroz no accedió al cargo mediante elección popular directa, sino por designación del Congreso local tras la ausencia definitiva del entonces presidente municipal de Uruapan, Carlos Alberto Manzo, asesinado en funciones.
En ese contexto, el tribunal determinó que la alcaldesa no cuenta con derechos político-electorales en los términos que permitirían conocer del caso, una interpretación que la propia funcionaria consideró discriminatoria y jurídicamente insostenible. Quiroz sostuvo que el Estado le exige cumplir con la totalidad de las responsabilidades inherentes al cargo, pero le niega el acceso pleno a mecanismos de defensa frente a la violencia política, lo que —afirmó— genera una categoría diferenciada de servidoras públicas sin respaldo legal efectivo.
El proyecto que dio origen a la resolución fue presentado por la magistrada Yurisha Andrade y contó con el respaldo de los magistrados Adrián Hernández y Eric López. En contraste, las magistradas Alma Bahena Villalobos y Ameli Gisell Navarro Lepe votaron en contra, postura que fue reconocida por la alcaldesa al considerar que refleja una interpretación con perspectiva de género.
En su posicionamiento, Quiroz también cuestionó que durante la discusión del caso se hicieran referencias a posibles presiones o represalias provenientes del Senado, lo que —según su interpretación— comprometería la autonomía del órgano jurisdiccional. La edil insistió en que la justicia no puede condicionarse por factores políticos y subrayó que la resolución deja en estado de indefensión a quienes ejercen funciones públicas sin haber llegado al cargo mediante elección directa.
Como parte de su estrategia legal, la alcaldesa anunció que impugnará la decisión ante la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, instancia que deberá revisar el criterio adoptado por el tribunal local. El caso abre un debate jurídico sobre los alcances de los derechos político-electorales en situaciones de designación por sustitución y la protección frente a la violencia política en razón de género, particularmente en contextos marcados por hechos de violencia.
La controversia se inserta en un escenario más amplio de discusión sobre la efectividad de los mecanismos institucionales para garantizar la protección de mujeres en cargos públicos, así como sobre los criterios interpretativos que adoptan los tribunales electorales frente a figuras que, sin haber sido electas en las urnas, ejercen plenamente funciones de gobierno, y sobre todo, po rlos cuestionamientos respecto a la independencia de los tribunales en el país. Mientras el litigio avanza hacia instancias federales, el pronunciamiento de Quiroz coloca en el centro del debate la obligación del Estado de garantizar condiciones de igualdad y acceso a la justicia para todas las personas que desempeñan responsabilidades públicas.
