La revisión del último año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador dejó al descubierto observaciones por 59 345 millones de pesos, de acuerdo con los informes de la Auditoría Superior de la Federación sobre la Cuenta Pública 2024. Con ello, el monto total por aclarar a lo largo del sexenio 2018–2024 ascendió a 417 321 millones de pesos, una cifra que refleja el tamaño de las inconsistencias detectadas por el órgano fiscalizador en el ejercicio del gasto público federal, estatal y municipal.
La Cuenta Pública 2024 cerró con más de 65 mil millones de pesos por aclarar, considerando el conjunto de auditorías practicadas a dependencias federales, empresas productivas del Estado, entidades federativas y municipios. El monto corresponde a recursos cuya correcta aplicación no fue plenamente acreditada durante las revisiones iniciales y que, conforme al procedimiento legal, deberán ser solventados o reintegrados una vez agotadas las etapas de aclaración.
El último paquete de informes individuales entregado por la ASF a la Cámara de Diputados detalló observaciones relevantes en el gasto ejercido por dependencias estratégicas, entre ellas Petróleos Mexicanos y la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, además de múltiples gobiernos estatales y municipales que operaron recursos federales transferidos mediante participaciones y aportaciones. En el caso de Pemex, las auditorías se concentraron en proyectos de inversión, contratos y adquisiciones vinculados a su operación y a obras prioritarias del sexenio. Para la SICT, las observaciones giraron en torno a contratos de infraestructura carretera y supervisión de obras.
La ASF precisó que las cifras observadas no constituyen de manera automática un daño patrimonial definitivo, sino montos sujetos a aclaración, comprobación o, en su caso, recuperación. Sin embargo, el volumen acumulado durante los seis años de la administración lopezobradorista coloca el foco en la capacidad de las dependencias y entes fiscalizados para documentar el uso de los recursos públicos en tiempo y forma.
En el balance global del sexenio 2018–2024, los 417 321 millones de pesos por aclarar derivan principalmente del gasto federalizado ejercido por estados y municipios, rubro que históricamente concentra una parte significativa de las observaciones de la ASF. Las auditorías al gasto federalizado incluyen fondos de educación, salud, infraestructura social y seguridad pública, cuya dispersión implica una amplia red de ejecutores y, por tanto, mayores riesgos administrativos.
El órgano encabezado por el auditor superior ha sostenido que el proceso de fiscalización es progresivo y que, conforme avanza el calendario legal, los entes auditados presentan información adicional para solventar las observaciones. En ejercicios anteriores del mismo sexenio, una proporción relevante de los montos observados fue aclarada en etapas subsecuentes o derivó en reintegros a la Tesorería de la Federación. No obstante, el volumen agregado mantiene un peso político y administrativo considerable, sobre todo al tratarse del cierre de una administración que hizo del combate a la corrupción uno de sus ejes discursivos centrales.
En términos comparativos, la cifra de la Cuenta Pública 2024 se ubica entre las más elevadas del periodo reciente, lo que alimenta el debate sobre la eficacia de los mecanismos de control interno y supervisión del gasto en proyectos prioritarios y programas sociales. La ASF, como órgano técnico de la Cámara de Diputados, carece de facultades penales directas, pero puede promover responsabilidades administrativas y presentar denuncias ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción cuando detecta presuntos daños al erario.
