A casi siete años del asesinato de Samir Flores Soberanes, el activista comunitario de Amilcingo, Morelos, que se convirtió en uno de los rostros más emblemáticos de la resistencia contra el Proyecto Integral Morelos (PIM) —una ambiciosa obra energética que incluye gasoductos, termoeléctricas y un acueducto en el centro de México—, sus compañeros de lucha han vuelto a poner sobre la mesa una demanda que trasciende la simple imputación de un presunto autor material del crimen. Frente a la sede del Poder Judicial de la Federación en Atlacholoaya, donde comenzó el juicio oral contra el único detenido por el homicidio del defensor comunitario, integrantes del movimiento exigieron que se investigue y se cite a declarar a figuras políticas de alto perfil como el expresidente Andrés Manuel López Obrador, el diputado federal y exgobernador de Morelos Cuauhtémoc Blanco, y el también diputado y exdelegado federal Hugo Eric Flores, por su posible responsabilidad en el caso que aún, aseguran, está lejos de esclarecerse.
El pronunciamiento de los activistas fue leído en medio de un mitin cargado de emociones y consignas como “¡Samir vive, la lucha sigue!”. Su contenido va más allá de la exigencia de justicia por un crimen que marcó un antes y un después en las protestas contra el PIM, un megaproyecto impulsado originalmente por la Comisión Federal de Electricidad en alianza con empresas privadas, que desde hace más de una década ha polarizado a comunidades enteras debido a sus implicaciones ambientales, sociales y de salud.
En su posicionamiento, los integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua denunciaron que el inicio del juicio solo contra una persona —identificada como Javier “N”— representa una simulación de justicia que no aborda, ni por asomo, las posibles responsabilidades políticas y estructurales detrás del homicidio. Reiteraron que, siete años después del crimen, la investigación ha estado marcada por omisiones, dilaciones y la ausencia de una línea clara que busque a quienes pudieron haber ordenado los hechos.
Samir Flores fue asesinado la madrugada del 20 de febrero de 2019 frente a su casa en Amilcingo, tras años de trabajo como comunicador comunitario, defensor de la tierra y uno de los opositores más visibles al PIM. Desde entonces, su muerte ha sido emblemática no solo por la crudeza del acto, sino porque el caso se ha convertido en un símbolo de la impunidad que enfrentan los defensores ambientales en México, donde decenas han sido asesinados en los últimos años sin que sus casos hayan sido resueltos de manera satisfactoria.
Durante la conferencia de prensa posterior al mitin, la activista Samantha César calificó el inicio de este juicio como un “montaje” y reprochó que la atención oficial se haya centrado únicamente en un supuesto autor material, sin avanzar en la investigación de posibles autores intelectuales o responsables políticos. La queja no es nueva: defensores han documentado desde hace años irregularidades en las investigaciones, incluyendo pérdida de evidencias, falta de entrevistas clave y líneas de indagación que nunca se profundizaron, lo que ha sido señalado por diversas organizaciones como un obstáculo para llegar a la verdad.
Más allá de la exigencia de citar a López Obrador, Blanco y Hugo Eric Flores —figuras que los activistas vinculan con decisiones políticas y administrativas en torno al PIM y la zona oriente de Morelos—, también se hizo un llamado a incluir en la investigación a autoridades locales como el alcalde de Temoac, Valentín Lavín, y a su suegra, la extesorera municipal conocida como “La Patrona”. Esta mujer, ligada por diversos testimonios a grupos delictivos con presencia regional, ha sido señalada en la narrativa alterna de los hechos como un posible puente entre políticos y estructuras criminales, aunque sin que hasta ahora exista una imputación formal en ese sentido.
El documento leído por los activistas apunta a que residentes y testigos que podrían haber arrojado luz sobre la cronología y los responsables del asesinato han muerto o desaparecido, dificultando aún más la reconstrucción fáctica de lo ocurrido. Asimismo, señalan presuntos vínculos entre quienes detentaban poder político y actores del crimen organizado, un elemento que —afirman— nunca fue investigado con la profundidad que amerita un caso de esta naturaleza.
Además de la movilización presencial, los defensores anunciaron que las Jornadas Nacionales e Internacionales “Justicia para Samir y Autodeterminación para los Pueblos” tendrán lugar del 19 al 22 de febrero, un esfuerzo por mantener viva la exigencia de justicia más allá de la fase judicial en curso. Recordaron también que, durante estos siete años, abogados vinculados al caso han enfrentado amenazas, atentados y, en un caso, la muerte violenta de uno de sus colegas, reflejando la complejidad y el riesgo que envuelve al litigio.
La exigencia de los activistas refleja no solo el dolor de una comunidad por la pérdida de uno de sus líderes, sino también el descrédito que existe hacia las instituciones encargadas de impartir justicia y la profunda sospecha de que factores políticos y de poder han jugado un papel central en la impunidad que ha acompañado al caso desde 2019. La lectura de este pronunciamiento, en el mismo lugar donde se desarrolla el juicio que muchos consideran insuficiente, simboliza la persistencia de una lucha que busca mucho más que penas individuales: pide respuestas claras, transparencia, rendición de cuentas y, sobre todo, justicia verdadera para Samir Flores y para todos aquellos cuya defensa del territorio los ha puesto en peligro.
