La Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó este viernes 20 de febrero de 2026 que el presidente Donald Trump excedió su autoridad al imponer una serie de aranceles generalizados al amparo de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional, una herramienta legal concebida para responder a amenazas extraordinarias desde el exterior, pero que no autoriza la imposición de tarifas aduaneras.
Con una mayoría de seis votos contra tres, el máximo tribunal —de composición conservadora— resolvió que la IEEPA no faculta al presidente a establecer aranceles como parte de su política comercial. La sentencia representa un revés contundente para una de las principales palancas económicas y diplomáticas que Trump había activado desde su retorno a la Casa Blanca en enero de 2025, cuando anunció de inmediato su intención de utilizar esa legislación para gravar a prácticamente todos los socios comerciales de Estados Unidos bajo el argumento de “reciprocidad” y defensa de los intereses nacionales.
El fallo se circunscribe específicamente a los aranceles presentados como “recíprocos” e impuestos de manera amplia bajo la IEEPA, pero no alcanza a los gravámenes sectoriales aplicados a industrias específicas como el acero, el aluminio o el sector automotriz, que se sustentan en otros marcos legales. De este modo, la Corte traza una línea clara entre las facultades presidenciales en materia de seguridad nacional y las competencias que el Congreso ha reservado para sí en el ámbito arancelario.
En su razonamiento, el tribunal sostuvo que si el Congreso hubiera tenido la intención de conferir al Ejecutivo el “poder distinto y extraordinario de imponer aranceles” mediante la IEEPA, lo habría hecho de manera expresa, como lo ha hecho en otros estatutos comerciales. La interpretación mayoritaria subraya que el texto de la ley, promulgada en 1977 en un contexto de redefinición de los poderes de emergencia del Ejecutivo, no menciona la facultad de establecer derechos de aduana, y que extenderla a ese terreno implicaría alterar el delicado equilibrio constitucional entre los poderes Legislativo y Ejecutivo.
La decisión confirma los criterios adoptados previamente por tribunales inferiores. En mayo pasado, un tribunal comercial federal de primera instancia concluyó que Trump se había extralimitado al imponer gravámenes generalizados bajo la IEEPA y bloqueó la entrada en vigor de la mayoría de ellos. Sin embargo, ese dictamen había quedado en suspenso mientras la administración apelaba, permitiendo que la disputa escalara hasta el máximo tribunal.
Durante su primer mandato, entre 2017 y 2021, Trump ya había recurrido de forma intensiva a los aranceles como instrumento de presión y negociación, particularmente frente a China y otros socios estratégicos. No obstante, en aquel periodo utilizó principalmente disposiciones específicas de la legislación comercial estadounidense, como las relacionadas con la seguridad nacional o prácticas desleales de comercio. El giro de su segundo mandato consistió en invocar la IEEPA para justificar un esquema mucho más amplio y transversal de tarifas, presentado como respuesta tanto a desequilibrios comerciales como a amenazas vinculadas al tráfico de drogas ilícitas y a los flujos migratorios.
Bajo ese enfoque, la Casa Blanca promulgó tarifas aduaneras especiales contra socios clave como México, Canadá y China, argumentando que la presión económica era necesaria para contener el flujo de fentanilo y la migración irregular hacia territorio estadounidense. La decisión de la Corte Suprema no se pronuncia sobre la eficacia o conveniencia política de esos objetivos, pero sí delimita con claridad que la vía elegida para instrumentarlos carecía de respaldo legal en el marco invocado.
El impacto del fallo es doble. En el plano jurídico, reafirma que la potestad arancelaria es, en esencia, una atribución del Congreso, y que las delegaciones al Ejecutivo deben interpretarse de forma estricta. En el plano económico y diplomático, desactiva una herramienta que había generado tensiones con múltiples socios comerciales y que había trastocado cadenas de suministro globales al introducir incertidumbre sobre el acceso al mercado estadounidense.
Más allá del debate técnico, el mensaje institucional es claro: la política comercial no puede transformarse en política de emergencia por decreto. La Casa Blanca pierde así una de sus cartas más visibles en el tablero global, mientras el Congreso recupera centralidad en la definición de la relación económica de Estados Unidos con el mundo.
