La violencia contra autoridades municipales continúa marcando la vida política del país. Con el reciente asesinato del alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo Rodríguez, ocurrido el pasado 1 de noviembre durante las celebraciones del Día de Muertos, México acumula ya diez presidentes municipales asesinados de manera violenta desde el inicio del actual sexenio encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
El crimen de Manzo Rodríguez, quien había denunciado públicamente amenazas del crimen organizado, se suma a una alarmante serie de ataques contra autoridades locales en distintos estados del país, reflejo de la persistente vulnerabilidad institucional y la creciente infiltración del narcotráfico en los gobiernos municipales. Según datos de El Economista, los homicidios se han registrado en entidades como Guerrero, Oaxaca, Michoacán, Hidalgo y San Luis Potosí, regiones donde operan distintos grupos criminales que disputan control territorial y político.
Entre las víctimas recientes destacan Alejandro Arcos Catalán, alcalde electo de Chilpancingo, Guerrero, asesinado apenas unos días después de asumir el cargo en octubre de 2024; Román Ruiz Bohórquez, de Candelaria Loxicha, Oaxaca, abatido en su domicilio ese mismo mes; y Jesús Franco Lárraga, edil de Tancanhuitz, San Luis Potosí, ultimado en diciembre de 2024. Durante 2025, los crímenes se intensificaron con los asesinatos de Mario Hernández García, de Santiago Amoltepec, y de Yolanda Sánchez Figueroa, alcaldesa de Cotija, Michoacán, quien había sobrevivido previamente a un secuestro en 2023.
La violencia política, sin embargo, no comenzó con el actual gobierno. De acuerdo con una investigación de El Sol de México publicada en octubre de 2023, al menos 87 alcaldes, exalcaldes y candidatos a ese puesto fueron asesinados durante el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador, según información obtenida de fiscalías estatales a través de la Plataforma Nacional de Transparencia. Esa cifra triplica los registros del gobierno priista de Enrique Peña Nieto, que contabilizó 30 homicidios, y supera también los 47 registrados durante la administración del panista Felipe Calderón. Los datos contrastan con la estrategia “abrazos, no balazos” que ha sido fuertemente criticada.
El patrón de violencia se ha mantenido estable a lo largo de los últimos tres sexenios, con variaciones en los focos de conflicto, pero con un denominador común: la vulnerabilidad de los municipios rurales y de mediano tamaño frente a las estructuras criminales. Los alcaldes suelen ser el primer nivel de autoridad en enfrentar las presiones del crimen organizado, que busca controlar presupuestos locales, obras públicas y cuerpos de seguridad.
En estados como Michoacán, Guerrero y Oaxaca, los ataques contra funcionarios locales suelen responder a la negativa de colaborar con grupos delictivos o a disputas entre bandas por el control de rutas y territorios. En varios de los casos registrados en el último año, las víctimas habían reportado amenazas previas o solicitado protección federal sin recibir respuesta efectiva.
La administración de Claudia Sheinbaum ha prometido reforzar los mecanismos de seguridad para autoridades locales, pero especialistas advierten que las medidas reactivas no bastan sin una estrategia integral que fortalezca las capacidades institucionales de los municipios y combata la impunidad. Hasta ahora, pocos de los crímenes cometidos contra alcaldes han derivado en sentencias.
Con los diez asesinatos ocurridos en el actual sexenio y los 87 documentados durante el gobierno de López Obrador, México suma casi un centenar de homicidios de autoridades municipales en menos de siete años de gobiernos morenistas y de “estrategias” de la 4T. La cifra ilustra no solo la persistencia de la violencia política, sino también la fragilidad del poder local y las acusaciones de colusión entre autoridades y crimen organizado, en un país donde la gobernabilidad se ve amenazada por la expansión del crimen organizado y la ausencia de justicia.
