El Gobierno de México anunció el desmantelamiento de una de las mayores redes de contrabando de combustibles detectadas en los últimos años, dedicada al denominado huachicol ferroviario o huachicol fiscal.
De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR) y el Gabinete de Seguridad Nacional, la organización criminal logró ingresar ilegalmente al país más de 144 millones de litros de hidrocarburos provenientes de Estados Unidos entre 2025 y 2026, utilizando un esquema de importaciones fraudulentas que provocó pérdidas millonarias para la hacienda pública.
Las investigaciones federales señalan que la red operaba mediante una compleja estructura integrada por empresas importadoras, agencias aduanales, operadores ferroviarios y funcionarios públicos, quienes presuntamente facilitaron el ingreso irregular de combustibles al territorio nacional mediante la alteración de documentos y la evasión del pago de impuestos.
¿Cómo operaba la red de huachicol ferroviario?
A diferencia del robo tradicional de combustibles mediante perforaciones clandestinas a ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex), esta organización utilizaba mecanismos legales de importación para ocultar el verdadero volumen y tipo de hidrocarburos transportados.
Las autoridades explicaron que el esquema corresponde a la modalidad conocida como huachicol fiscal, en la que el combustible cruza legalmente la frontera, pero es declarado con información falsa para evitar el pago de impuestos y ocultar su origen.
Uno de los principales mecanismos detectados consistía en reportar ante las autoridades aduaneras volúmenes considerablemente inferiores a los que realmente transportaban los ferrotanques.
Con ello, la organización reducía el pago de contribuciones y facilitaba la introducción de millones de litros de combustibles sin cubrir las obligaciones fiscales correspondientes.
Las investigaciones también revelan que el diésel, la gasolina y la nafta eran registrados bajo fracciones arancelarias distintas para disminuir la carga tributaria.
Según la FGR, los responsables declaraban los cargamentos como productos químicos de menor gravamen, entre ellos solución de cloruro de calcio, lubricantes u otros insumos industriales, cuando en realidad se trataba de combustibles destinados al mercado nacional.
El esquema también involucraba empresas fachada, agencias aduanales y operadores logísticos que presuntamente simulaban operaciones comerciales legales para ocultar el origen del combustible.
Las autoridades identificaron la participación de agencias especializadas en comercio exterior que habrían intervenido en la documentación de las importaciones, además de operadores ferroviarios encargados del traslado y distribución de los hidrocarburos.
De acuerdo con la investigación, la red también recurría a la fragmentación y triangulación de recursos financieros para dificultar el rastreo del dinero y aparentar que el combustible tenía un origen completamente lícito.
La Aduana Ferroviaria de Matamoros, punto clave de la investigación
Las indagatorias federales ubican a la Aduana Ferroviaria de Matamoros, Tamaulipas, como uno de los principales puntos de ingreso del combustible ilegal.
El caso adquirió una dimensión mayor debido a que dicha aduana era administrada por personal militar como parte del modelo de control implementado por el Gobierno federal para las aduanas del país.
Funcionarios militares y aduanales bajo investigación
La FGR informó que existen órdenes de aprehensión por delincuencia organizada y contrabando contra los tenientes coroneles Armando Barrera Trujillo y Blas Pedro Sarabia García, quienes dirigieron en distintos periodos la Aduana de Matamoros.
Asimismo, las autoridades buscan al teniente de Policía Militar Jorge García García, quien también aparece entre los presuntos involucrados en la operación de la red.
En tanto, el subdirector aduanero Carlos Eugenio Benítez Orta fue detenido y posteriormente deportado desde Estados Unidos para enfrentar las investigaciones correspondientes en México.
Aseguran ferrotanques, combustible y cuentas bancarias
Como resultado de los operativos desplegados por autoridades federales en nueve entidades del país, fueron asegurados aproximadamente 170 ferrotanques, tractocamiones y autotanques, además de más de 18 millones de litros de combustible almacenados en patios fiscales.
Las acciones también incluyeron el congelamiento de cuentas bancarias presuntamente relacionadas con el esquema financiero utilizado para mover los recursos obtenidos mediante el contrabando.
Gobierno mantiene abiertas las investigaciones
La presidenta de México confirmó que la Fiscalía General de la República mantiene abiertas diversas carpetas de investigación relacionadas con esta red de huachicol fiscal.
Además, informó que el Gobierno mexicano solicitó formalmente la extradición de empresarios estadounidenses presuntamente vinculados con la estructura financiera y comercial utilizada para introducir ilegalmente los combustibles al país.
Las investigaciones continúan para determinar la participación de funcionarios públicos, empresas privadas y organizaciones criminales que habrían integrado esta red de contrabando transfronterizo.
A diferencia del robo de combustible mediante tomas clandestinas, este esquema involucra documentación aduanera, importaciones internacionales, empresas intermediarias y complejos mecanismos financieros, lo que dificulta su detección y persecución.
