El Primer Tribunal Colegiado de Apelación del Segundo Circuito ordenó la liberación inmediata de Jorge Antonio Sánchez Ortega, exagente del desaparecido Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), al concluir que la Fiscalía General de la República (FGR) no presentó pruebas suficientes para acreditar su participación coordinada en el asesinato del excandidato presidencial del PRI, Luis Donaldo Colosio Murrieta, ocurrido el 23 de marzo de 1994.
En una resolución unánime, los magistrados revocaron el auto de formal prisión, reclasificaron el delito de homicidio calificado a homicidio simple intencional y determinaron que la acción penal prescribió desde marzo de 2015, por lo que el proceso judicial quedó legalmente extinguido.
Tribunal desestima la teoría del “segundo tirador” en el caso Colosio
La resolución judicial representa un revés para la hipótesis presentada por el fiscal general Alejandro Gertz Manero, quien sostuvo que en el asesinato de Luis Donaldo Colosio participaron al menos dos personas y que Jorge Antonio Sánchez Ortega habría actuado de manera coordinada con Mario Aburto Martínez.
Sin embargo, los magistrados concluyeron que la Fiscalía no logró demostrar la existencia de un acuerdo previo, una actuación concertada o una participación conjunta entre ambos.
En la sentencia, de 44 páginas, el Tribunal señaló que la cercanía temporal entre los disparos registrados durante el atentado en la colonia Lomas Taurinas, en Tijuana, constituye únicamente una circunstancia física y cronológica, pero no acredita por sí misma la existencia de una coautoría.
¿Por qué ordenaron la liberación de Jorge Antonio Sánchez Ortega?
El Tribunal determinó que las pruebas presentadas por la FGR eran insuficientes para mantener el proceso penal contra el exagente del Cisen.
Los magistrados concluyeron que el Ministerio Público Federal no aportó elementos que demostraran que Sánchez Ortega participó de manera deliberada junto con Mario Aburto en el atentado contra Colosio.
En consecuencia, consideraron improcedente mantener la acusación por homicidio calificado en calidad de copartícipe.
Otro de los argumentos centrales de la resolución fue la prescripción de la acción penal.
El Tribunal resolvió que, al reclasificarse el delito como homicidio simple intencional, el plazo legal para ejercer la acción penal venció, a más tardar, el 23 de marzo de 2015.
Por ello, todas las actuaciones emprendidas por la Fiscalía entre 2021 y 2025 fueron consideradas extemporáneas y ya no podían producir efectos jurídicos.
Con base en esa determinación, los magistrados ordenaron la inmediata liberación de Jorge Antonio Sánchez Ortega, quien permanecía recluido desde noviembre de 2025 en el penal federal de máxima seguridad del Altiplano, tras haber sido reaprehendido en Tijuana.
El papel de Jorge Antonio Sánchez Ortega en el asesinato de Colosio
La figura del exagente del Cisen ha estado ligada al caso desde el mismo día del magnicidio.
Tras el asesinato de Luis Donaldo Colosio, Sánchez Ortega fue detenido por autoridades debido a que presentaba manchas de sangre del candidato en su ropa y dio positivo a una prueba de rodizonato de sodio, utilizada para detectar residuos compatibles con disparos de arma de fuego.
No obstante, fue liberado horas más tarde.
Desde entonces, el exagente sostuvo que las manchas de sangre correspondían al momento en que ayudó a trasladar al candidato herido y negó haber portado un arma de fuego durante los hechos.
Décadas después, la actual administración de la FGR calificó aquella liberación como un posible acto de encubrimiento y sostuvo que existieron irregularidades en la investigación original.
Un nuevo revés para la Fiscalía General de la República
La resolución judicial representa uno de los golpes más importantes para la investigación reabierta por la FGR sobre el asesinato de Luis Donaldo Colosio.
La institución buscaba acreditar la existencia de un segundo tirador como parte de un supuesto complot detrás del magnicidio, hipótesis que ahora fue descartada por el Tribunal al considerar que carecía de sustento probatorio suficiente.
Además, al decretarse la prescripción de la acción penal, el expediente contra Sánchez Ortega queda jurídicamente concluido.
