El dia de hoy, poco antes de las 10:30 de la mañana cuando la rutina de los juzgados en la calle de Niños Héroes se rompió abruptamente. El sonido de las alarmas y las indicaciones de los brigadistas de Protección Civil marcaron el inicio de un desalojo masivo. Cerca de 7,000 personas, entre magistrados, abogados, litigantes y empleados administrativos, inundaron las banquetas de la colonia Doctores, mientras el eco de las sirenas del Agrupamiento Zorros de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) se hacía cada vez más fuerte.
La amenaza, recibida vía telefónica, advertía sobre la presencia de un artefacto explosivo dentro de los tribunales. Durante casi dos horas, binomios caninos y especialistas en explosivos recorrieron pasillo por pasillo, oficina por oficina. Mientras tanto, en el exterior, el tráfico de la alcaldía Cuauhtémoc colapsaba; abogados con expedientes bajo el brazo y ciudadanos con audiencias programadas observaban con frustración cómo la impartición de justicia se detenía una vez más por el miedo.
Pero, este evento no es un hecho aislado. Apenas 24 horas antes, el pánico se apoderó de la Torre Prisma, un edificio emblemático que alberga oficinas del Poder Judicial de la Federación en la zona de San Ángel Inn, sobre Insurgentes Sur. En ese caso, el protocolo fue idéntico: una llamada anónima, el despliegue de los servicios de emergencia y una revisión que, afortunadamente, arrojó un resultado negativo.
La repetición del patrón en menos de dos días ha encendido las alarmas no solo de seguridad, sino también políticas. Fuentes cercanas a la investigación sugieren que estas “llamadas de distracción” o amenazas falsas buscan desestabilizar la operatividad de las instituciones en un momento de alta sensibilidad tras operativos de alto impacto realizados por el Gobierno Federal en días recientes.
Aunque los reportes oficiales de la SSC confirmaron que en ambos casos se trató de falsas alarmas, el costo social y económico es considerable. Se perdieron cientos de audiencias, se retrasaron procesos legales críticos y se generó un estado de ansiedad colectiva en el corazón de la Ciudad de México.
La jefa de Gobierno y el titular de la SSC han hecho un llamado a la calma, asegurando que se está rastreando el origen de las llamadas. Sin embargo, en las calles, la percepción es de vulnerabilidad. El uso de amenazas de bomba como herramienta de presión o sabotaje no es nuevo, pero la frecuencia consecutiva en recintos judiciales apunta a un mensaje directo contra el sistema de justicia. Por ahora, las autoridades se mantienen en “alerta máxima” ante la posibilidad de que esta ola de llamadas continúe durante el cierre de la semana laboral.
