La propuesta de reforma electoral anunciada por el gobierno federal abrió un nuevo frente de discusión política y técnica en México. Este lunes, un grupo de figuras con larga trayectoria en la vida pública del país difundió un posicionamiento conjunto en el que expresa inquietudes sobre los posibles efectos de los cambios planteados en el sistema electoral, particularmente en lo relacionado con la organización institucional, la integración de los órganos electorales y los mecanismos de difusión de resultados.
Entre los firmantes destacan Diego Fernández de Cevallos, ex candidato presidencial del Partido Acción Nacional; Francisco Labastida, ex candidato presidencial del Partido Revolucionario Institucional; y Manlio Fabio Beltrones, ex dirigente nacional del PRI y ex presidente del Senado. En el documento, los ex funcionarios señalan que la reforma, tal como ha sido presentada hasta ahora, podría modificar elementos que consideran clave para la certeza electoral construida en las últimas décadas.
Uno de los puntos centrales de su advertencia es el funcionamiento del Instituto Nacional Electoral y de los sistemas que permiten informar a la ciudadanía sobre los resultados preliminares la noche de la elección. Los firmantes subrayan la relevancia del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) como un mecanismo técnico que, aunque no tiene efectos legales definitivos, cumple un papel fundamental para generar confianza pública en los procesos electorales y reducir la incertidumbre tras el cierre de las casillas.
Según su posicionamiento, la propuesta de revisar la estructura del INE, reducir su presupuesto y modificar la forma de designación de sus consejeros podría tener impactos en la operación técnica del sistema electoral. En particular, advierten que la elección de consejeros por voto popular, una de las ideas que han sido mencionadas en el debate público, podría politizar funciones que actualmente se conciben como técnicas y profesionales. Desde su perspectiva, esto representaría un riesgo para la imparcialidad institucional.
Los ex dirigentes también señalaron que una eventual reducción de recursos a las juntas distritales y locales podría afectar la capacitación del personal y la operación logística de los procesos electorales. En su argumentación, recuerdan que la profesionalización del sistema electoral fue una de las principales lecciones derivadas de las crisis postelectorales del pasado y que cualquier modificación debería evaluarse con criterios técnicos y no únicamente presupuestales.
Desde el Ejecutivo federal, la respuesta ha sido distinta. En declaraciones públicas recientes, la presidenta Claudia Sheinbaum ha rechazado que la reforma busque debilitar la democracia o eliminar mecanismos de transparencia. Por el contrario, ha sostenido que el objetivo es reducir costos excesivos, eliminar privilegios y acercar el sistema electoral a la ciudadanía. De acuerdo con la mandataria, México cuenta con uno de los organismos electorales más costosos del mundo, lo que hace necesaria una revisión integral de su estructura y funcionamiento.
Sheinbaum también ha cuestionado la autoridad moral de quienes hoy critican la reforma, señalando que muchos de ellos formaron parte de gobiernos y mayorías legislativas que operaron bajo reglas que ahora consideran problemáticas. No obstante, ha reiterado que cualquier cambio deberá discutirse en el Congreso y cumplir con los procedimientos constitucionales.
En este contexto, la discusión sobre la reforma electoral se perfila como uno de los temas centrales del nuevo sexenio. Más allá del choque de posturas entre figuras históricas de la oposición y el actual gobierno, el reto será procesar el debate con información técnica, transparencia y mecanismos que preserven la confianza ciudadana en los resultados electorales de los próximos años.
