La adquisición y administración de fármacos oncológicos falsificados en instituciones públicas de salud en México quedó documentada como parte de una investigación internacional que revela fallas en la cadena de suministro, vacíos en la supervisión sanitaria y la persistencia de redes ilícitas que operan incluso dentro del sistema formal. El caso, centrado en el medicamento de inmunoterapia Keytruda, evidencia consecuencias que van desde efectos adversos severos hasta la muerte de pacientes.
El reportaje, coordinado por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, señala que dependencias públicas adquirieron frascos pertenecientes a lotes posteriormente identificados como falsificados por la Cofepris. Estos productos fueron administrados en hospitales del sistema público, incluidos centros del ISSSTE y del IMSS-Bienestar, entre 2022 y marzo de 2026.
El caso de Francisco Chávez Valle ilustra las consecuencias humanas de estas irregularidades. Diagnosticado con cáncer renal en etapa avanzada, comenzó tratamiento con pembrolizumab, comercializado como Keytruda, un fármaco innovador que estimula el sistema inmunológico para combatir tumores. Tras una mejoría inicial, desarrolló síntomas graves, incluyendo parálisis y dolor generalizado. Posteriormente identificó que parte del medicamento administrado provenía de lotes bajo alerta sanitaria, entre ellos X003479 y Y011745.
La investigación documenta que al menos diez instituciones públicas adquirieron frascos de ocho lotes distintos que más tarde fueron catalogados como falsificados. La situación posiciona a México como el único país, entre los analizados en el estudio global, donde se confirmaron múltiples casos de falsificación de este medicamento dentro del sistema público de salud.
El problema se inserta en un contexto de alta presión económica. Merck & Co. —conocida como MSD fuera de Estados Unidos y Canadá— ha convertido Keytruda en uno de los productos más rentables de la industria farmacéutica. Con ingresos que alcanzaron 31 700 millones de dólares en 2025, el fármaco representa casi la mitad de sus ventas globales. Su costo en México ronda los 97 mil pesos por frasco, y los tratamientos completos pueden requerir decenas de dosis, lo que restringe el acceso y fomenta la búsqueda de alternativas fuera del mercado regulado.
Esta dinámica ha favorecido la expansión de mercados paralelos. De acuerdo con la propia farmacéutica, grupos criminales han comenzado a enfocarse en medicamentos de alta especialidad, donde los márgenes de ganancia son elevados. La empresa ha presentado 20 denuncias ante la Fiscalía General de la República, aunque autoridades reconocen la existencia de al menos 30 casos en los últimos cinco años sin que exista una sola sentencia por falsificación de este medicamento.
Las investigaciones abarcan múltiples entidades del país, incluyendo Ciudad de México, Jalisco, Nuevo León y Yucatán. En operativos realizados en Guadalajara en 2024, autoridades localizaron redes de farmacias ilegales que comercializaban Keytruda a precios significativamente menores. Sin embargo, las detenciones derivadas de estos operativos no han logrado traducirse en procesos judiciales por delitos contra la salud relacionados con la falsificación de medicamentos.
El reportaje también expone inconsistencias en la contratación pública. Empresas previamente sancionadas por irregularidades, como distribuidoras vinculadas a casos de medicamentos sospechosos, continuaron obteniendo contratos gubernamentales por millones de pesos. Esta continuidad evidencia debilidades en los mecanismos de control y sanción dentro del sistema de adquisiciones.
En paralelo, el modelo de negocio del medicamento ha sido objeto de cuestionamientos a nivel global. La investigación documenta que la farmacéutica ha desplegado una estrategia intensiva de protección de patentes, con más de mil solicitudes en decenas de países, así como prácticas de cabildeo y promoción entre profesionales de la salud. Aunque la empresa sostiene que el precio refleja el valor terapéutico del fármaco, expertos citados en el reportaje advierten que estas condiciones limitan el acceso y presionan a pacientes hacia circuitos inseguros.
Las consecuencias ya no se limitan al ámbito económico o regulatorio. La propia compañía confirmó la existencia de al menos un fallecimiento en México asociado al uso de Keytruda falsificado. Mientras tanto, la Cofepris ha emitido múltiples alertas sanitarias desde 2022, la más reciente en marzo de 2026, sin que ello haya frenado completamente la circulación de estos productos.
El caso abre cuestionamientos sobre la responsabilidad en cada eslabón de la cadena: desde la fabricación y distribución ilícita hasta la compra institucional, la supervisión sanitaria y la procuración de justicia. A la fecha, no existe claridad sobre quién introdujo los medicamentos falsificados al sistema formal ni sobre los responsables de su administración pese a reportes de riesgo.
En este escenario, el acceso a tratamientos innovadores como Keytruda queda atrapado entre precios elevados, estructuras de mercado restrictivas y fallas institucionales que permiten la infiltración de productos falsificados. Para los pacientes, la diferencia entre recibir un medicamento auténtico o uno adulterado puede significar no sólo la eficacia del tratamiento, sino la posibilidad misma de sobrevivir.
