Representantes indígenas de los pueblos náhuatl y tének de la Huasteca Potosina enviaron una carta abierta a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para exigir la emisión de un decreto presidencial que prohíba de manera definitiva la fracturación hidráulica, conocida como fracking, y la minería a cielo abierto, tanto en la región Huasteca como en todo el territorio nacional. En el documento, los firmantes también solicitaron la cancelación de cualquier proyecto de exploración y extracción de hidrocarburos que pudiera afectar sus comunidades, al tiempo que acusaron al Gobierno federal de incumplir compromisos asumidos durante la campaña presidencial.
La misiva, fechada el 3 de agosto de 2026 en Tancanhuitz, San Luis Potosí, fue suscrita por representantes del Consejo Nacional de Pueblos Indígenas, quienes sostuvieron que durante su campaña en Zacatecas Claudia Sheinbaum prometió prohibir tanto la minería a cielo abierto como el fracking. Sin embargo, señalaron que las iniciativas para concretar esa promesa permanecen sin avances en el Congreso de la Unión, al afirmar que legisladores federales han mantenido congeladas las propuestas relacionadas con estos temas.
Los representantes indígenas manifestaron que las recientes referencias del Gobierno federal sobre la posibilidad de explorar y extraer petróleo y gas en distintas regiones del país contradicen ese compromiso previo. En el texto afirmaron que sus comunidades han sido incluidas dentro de esos planes y cuestionaron que, bajo el argumento de fortalecer la soberanía energética, se impulsen proyectos que, desde su perspectiva, ponen en riesgo el agua, el medio ambiente y la permanencia de los pueblos originarios.
En la carta sostuvieron que la exploración y explotación petrolera no puede considerarse una actividad sustentable, independientemente de los avances tecnológicos existentes. Argumentaron además que la Huasteca posee una geología kárstica y porosa que hace especialmente vulnerable a sus acuíferos, por lo que cualquier proyecto extractivo representaría un riesgo para el abastecimiento de agua de las comunidades asentadas en esa región. Los firmantes recordaron que la Huasteca comprende más de 80 municipios distribuidos entre San Luis Potosí, Veracruz, Hidalgo, Puebla y Tamaulipas, donde habitan cerca de un millón de personas pertenecientes a los pueblos náhuatl, tének, otomí, tepehua, totonaco y xi’iuy.
Los representantes también criticaron el proceso de consulta relacionado con la futura ley reglamentaria del artículo 2 constitucional. Aseguraron que dicho mecanismo no garantiza una participación efectiva de las comunidades indígenas y calificaron el procedimiento como una simulación, al considerar que no existe información suficiente, se imponen sedes y métodos ajenos a las formas tradicionales de organización comunitaria y no se reconoce plenamente a las asambleas generales como máxima autoridad de los pueblos indígenas.
Dentro de sus demandas, solicitaron la emisión de un decreto que prohíba “de manera absoluta y definitiva” el fracking y la minería a cielo abierto; la cancelación inmediata de proyectos de exploración, extracción de hidrocarburos y megaproyectos energéticos de Petróleos Mexicanos o de empresas privadas que afecten sus territorios y acuíferos; el respeto pleno a la autonomía y libre determinación de los pueblos indígenas; la suspensión de la consulta sobre la ley reglamentaria del artículo 2 constitucional, y la realización de un diálogo directo con las asambleas comunitarias. Asimismo, pidieron una audiencia formal con la presidenta para exponer personalmente sus planteamientos.
En el documento, los representantes indígenas sostuvieron que las decisiones relacionadas con el Plan Estratégico de Pemex debieron haberse sometido previamente a un proceso de consentimiento libre, previo, informado y vinculante, conforme a lo establecido en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Indicaron que, a través de sus asambleas comunitarias, acordaron no otorgar consentimiento para megaproyectos energéticos o de cualquier otra naturaleza que, a su juicio, comprometan el agua, la biodiversidad, el medio ambiente o la integridad de sus territorios.
Los firmantes concluyeron su carta reiterando que la defensa de sus territorios responde al ejercicio de su autonomía y libre determinación, al considerar que sus derechos colectivos deben prevalecer frente a cualquier proyecto que implique afectaciones ambientales o territoriales. Hasta el contenido de la misiva, no se incorpora una respuesta oficial de la Presidencia de la República a las solicitudes planteadas por los representantes indígenas.
