La Zona Metropolitana de Guadalajara enfrenta desde hace meses una crisis de abastecimiento y calidad del agua que ha generado molestia entre miles de familias. El gobernador Pablo Lemus Navarro reconoció públicamente la gravedad del problema y, junto con el gobierno federal, presentó un plan de inversión conjunta cercana a los 25 mil millones de pesos para enfrentar una situación que se arrastra desde hace décadas.
El sistema antiguo que trae agua del lago de Chapala tiene cerca de 70 años. Se trata de un canal abierto que, según las autoridades, puede perder hasta el 50 por ciento del líquido durante el trayecto y está expuesto a descargas irregulares. La planta potabilizadora de Miravalle, también con siete décadas de operación, abastece alrededor del 42 por ciento de la red del Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA). A lo largo de 2026 se registraron episodios de contaminación que afectaron la calidad del agua que llega a los hogares, con reportes de líquido turbio, con mal olor y coloración oscura.
Ante esta situación, el gobierno estatal decidió suspender temporalmente el uso del agua proveniente de la presa Las Pintas y del sistema antiguo de Chapala. La medida implica una reducción del flujo de hasta 2.5 metros cúbicos por segundo. Para compensar, se implementó un esquema de rotación o racionamiento del servicio que afecta a cientos de colonias y a cerca del 40 por ciento de los hogares de la metrópoli. El plan se mantiene vigente y, según el SIAPA, continuará al menos hasta marzo de 2027 mientras avanzan las obras de corto plazo.
El 28 de octubre, Lemus y la presidenta Claudia Sheinbaum anunciaron el acuerdo de inversión. El gobierno federal aportará 14 mil 500 millones de pesos para la construcción de dos nuevos acueductos: el Chapala-Guadalajara, de 42 kilómetros, y el Calderón-San Gaspar, de 31 kilómetros. Las obras arrancarían a inicios de 2027 y se estima que concluyan a finales de 2028. El estado de Jalisco destinará alrededor de 10 mil 200 millones de pesos a la ampliación y modernización de la planta de Miravalle, la construcción de un bypass desde La Calera para evitar el tramo más contaminado y trabajos de saneamiento en la presa Las Pintas.
Sé que tienes muchas dudas y preocupaciones sobre el problema del agua. Y es mi obligación darte respuestas.
— Pablo Lemus Navarro (@PabloLemusN) November 2, 2026
Te invito a dedicarle unos minutos a conocer cómo llegamos a esta situación, cuál es la dimensión del reto y qué estamos haciendo en el corto, mediano y largo plazo para… pic.twitter.com/SaYXaYlC9j
Ambas partes han subrayado que los recursos provienen de ajustes presupuestales, sin deuda, sin privatización y sin incremento en las tarifas del agua.
Lemus ha insistido en que el problema se gestó durante décadas y que “hoy nos toca resolverlo”. En mensajes recientes reconoció la molestia de la población y se comprometió a dar seguimiento a las obras de corto y mediano plazo. Autoridades reportan que ya se detectaron y clausuraron decenas de descargas irregulares a lo largo del canal, y que se realizan trabajos de limpieza en la presa.
Sin embargo, vecinos de distintas colonias continúan reportando cortes prolongados, baja presión y, en algunos casos, agua de mala calidad. Manifestaciones ciudadanas, como la registrada el 11 de octubre frente a Casa Jalisco, reflejaron el descontento. Algunos habitantes han señalado que los tandeos no siempre se cumplen de manera ordenada y que la espera de las obras genera incertidumbre. Especialistas y reportes locales coinciden en que la infraestructura antigua, la falta de mantenimiento acumulado y la contaminación de las fuentes son factores estructurales que no se resuelven de un día para otro.
El plan contempla acciones inmediatas para mejorar la calidad del suministro en los próximos meses y proyectos de mayor envergadura que buscan garantizar el abasto para las próximas décadas. Mientras tanto, el racionamiento sigue vigente y las autoridades llaman a la población a reportar fallas a través de los canales oficiales del SIAPA. La resolución definitiva dependerá del avance real de las obras y de la capacidad de las instituciones para ejecutar los recursos anunciados.