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El Gobierno de México eximió a Petróleos Mexicanos (Pemex) de una serie de impuestos durante un periodo de cuatro meses.
El decreto presidencial, anunciado hoy, elimina los gravámenes DUC (Derechos de Utilidad Compartida) para Pemex durante el cuarto trimestre del año pasado y el mes de enero, que representa un sacrificio significativo de ingresos fiscales por parte del Estado.
Se estima que esta condonación del reparto de utilidades equivale a unos 70,000 millones de pesos mexicanos (aproximadamente US$4.100 millones), lo que plantea serias preguntas sobre la priorización de los recursos públicos.
Pemex ha estado enfrentando una crisis financiera cada vez más aguda, con su deuda disparándose y su calificación crediticia en declive. La reciente rebaja de la calificación crediticia por parte de Moody’s Investors Service subraya la gravedad de la situación, sugiriendo que la empresa podría estar al borde de un canje de deuda desesperado sin el apoyo continuo del gobierno.
Este alivio fiscal llega después de años de inyecciones de capital ad hoc y concesiones fiscales para apuntalar a Pemex, lo que plantea interrogantes sobre la sostenibilidad a largo plazo de esta estrategia.
La deuda financiera total de la empresa se sitúa actualmente en 106 mil millones de dólares, habiendo disminuido desde los 130 mil millones de dólares al inicio de esta administración.
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