La organización internacional Artículo 19 denunció un nuevo caso de criminalización del ejercicio periodístico en el estado morenista de Veracruz, luego de que este martes el juez de control José Guadalupe Nucamendi Albores rechazó anular las pruebas presentadas por la Fiscalía General del Estado en el proceso penal iniciado contra el periodista Rafael León Segovia, acusado de delitos de terrorismo y otros cargos, pese a que —advirtió la organización— existen graves irregularidades en la investigación.
De acuerdo con Artículo 19, la detención del comunicador fue arbitraria y se inscribe en un patrón preocupante de uso indebido del sistema penal para inhibir y castigar el trabajo de la prensa crítica en la entidad. La organización sostuvo que las imputaciones formuladas por la Fiscalía carecen de sustento sólido y se apoyan en pruebas obtenidas y presentadas en un contexto que vulnera garantías básicas del debido proceso, lo que agrava el riesgo para los derechos del periodista procesado.
La acusación por el delito de “terrorismo”, subrayó Artículo 19, resulta particularmente alarmante por su carácter desproporcionado y por el mensaje que envía al gremio periodístico. La organización advirtió que recurrir a este tipo de figuras penales contra comunicadores sienta un precedente peligroso para la libertad de expresión en México, al abrir la puerta a que la labor informativa sea equiparada con conductas de extrema gravedad, lo que genera un efecto inhibidor sobre el derecho a informar y a ser informado.
En este contexto, se informó que mañana se llevará a cabo la audiencia en la que el mismo juez de control determinará la situación jurídica de Rafael León Segovia. Ante esta etapa clave del proceso, Artículo 19 exigió que se garanticen condiciones mínimas de independencia e imparcialidad judicial, así como el pleno respeto a los derechos humanos del periodista, incluyendo la presunción de inocencia y el derecho a una defensa adecuada.
El periodista, al salir de la audiencia, declaró que lo quieren culpar por el teléfono de otro sujeto y la fiscalía no quiere presentar al testigo y culminó sentenciando: “esta fiscal me odia” y calificó como una fabricación todo el caso.
La organización reiteró su condena al hostigamiento judicial contra periodistas en Veracruz y señaló que este caso no puede analizarse de manera aislada, sino como parte de un entorno adverso para la prensa en el estado. En ese sentido, hizo un llamado a las autoridades a cesar el uso del derecho penal como mecanismo de intimidación y a adoptar medidas efectivas para proteger el ejercicio periodístico, en consonancia con los estándares nacionales e internacionales en materia de libertad de expresión.
