La Secretaría de Salud reconoció con crudeza lo que en el discurso oficial apenas se atisbaba: la anulación del primer proceso de compra consolidada de medicamentos, insumos médicos y auxiliares de diagnóstico para 2025-2026 provocó un desabasto sensible durante buena parte del año y reveló errores significativos en la planeación y ejecución de la operación. Así lo admitió Eduardo Clark, subsecretario de Integración Sectorial y Coordinación de Servicios de Atención Médica de la dependencia, en una extensa entrevista con La Jornada publicada el 29 de diciembre, en la que detalló que el peor tropiezo en su gestión fue no prever ni atender con suficiente rigor las evaluaciones técnicas del organismo público Birmex sobre las propuestas de los proveedores, lo que condujo a inconsistencias graves y a que la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno declarara nula la totalidad de la compra inicial.
Clark, responsable de la estrategia de abasto desde inicios de 2025, no eludió la responsabilidad: “fue el aprendizaje más duro”, confesó al rememorar que los errores en las fases iniciales del proceso —donde se detectaron fallas técnicas “y de otro tipo”— resultaron en adjudicaciones que “no tenían sentido” y que, al final, terminaron por dejar sin contratos válidos a un núcleo importante de claves. La anulación, explicó, no sólo tuvo efectos administrativos, sino también prácticos: para los pacientes significó la falta de medicamentos e insumos en clínicas y hospitales públicos, un problema que persiste en diversos niveles y que miles de personas han padecido en sus tratamientos cotidianos.
El subsecretario reconoció que durante buena parte de 2025 los esfuerzos se concentraron en “poner parches para resolver lo urgente”, mientras se avanzaba en el diseño e instalación de una Plataforma Nacional de Abasto basada en sistemas informáticos más robustos que permitan monitorear desde adquisiciones hasta la entrega final en recetas surtidas. A pesar de los avances —se han comprado miles de millones de pesos en medicamentos y se han alcanzado contratos para un volumen mayor de insumos—, Clark admitió que no se ha cumplido la demanda ciudadana de abasto al 100 por ciento, aunque “estamos mejor” en cuanto a información y coordinación.
La controversia, sin embargo, no se limita a la propia anulación. Investigaciones previas del sector salud y reportes legislativos habían documentado posibles irregularidades desde etapas tempranas del proceso de compras, incluyendo adjudicaciones con sobreprecios equivalentes a miles de millones de pesos que llevaron a la Secretaría de Salud a detener partes del procedimiento y dar aviso a instancias como la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno para indagar posibles actos de corrupción. Estos hallazgos tensaron aún más las críticas de médicos, pacientes y legisladores, quienes sostienen que la falta de medicamentos esenciales como tratamientos para enfermedades crónicas y condiciones agudas ha sido acompañada por una descoordinación institucional que va desde los sistemas de salud pública hasta las capacidades de planeación del propio gobierno.
Para Clark, la lección central es la necesidad de la digitalización y de contar con herramientas informáticas que den visibilidad en tiempo real a la demanda y al flujo de insumos. El subsecretario subrayó que la experiencia de 2025 dejó al descubierto la fragilidad de un sistema que, aunque aspira a centralizar y negociar mejores precios para miles de claves de medicamentos, presentó carencias en la evaluación técnica de ofertas y en la supervisión de procesos clave. El reto ahora, sostiene, es evitar que errores de planeación repitan sus efectos y que la población pague con falta de acceso a tratamientos que, en teoría, deberían estar garantizados por el Estado.
La administración federal, por su parte, defiende que los contratos ahora vigentes permitirán atender la mayoría de las necesidades hasta finales de 2026, con compras complementarias y mecanismos preventivos para cubrir huecos en el abasto. No obstante, organizaciones de la sociedad civil y colectivos de pacientes han alertado que la percepción y realidad cotidiana distan de la narrativa oficial de normalización, subrayando que el desabasto, aunque menos severo que en meses pasados, continúa siendo una “herida abierta” para muchos usuarios del sistema público de salud.
En el umbral de 2026, la Secretaría de Salud enfrenta el desafío de consolidar las enseñanzas de este año, reforzar la transparencia y desempeño de Birmex y otros actores públicos, y demostrar con hechos que el golpe sufrido por la anulación de la compra consolidada puede transformarse en una oportunidad para fortalecer el abasto de medicamentos en México.
