El coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, advirtió que México enfrentará en los próximos años una crisis hídrica “más profunda de lo que el gobierno está dispuesto a reconocer”, al criticar la inminente aprobación de la nueva Ley General de Aguas en la Cámara de Diputados. A través de un mensaje publicado en X, el exdiputado federal explicó por qué su partido decidió votar en contra del dictamen, al considerar que la legislación carece de elementos fundamentales para garantizar el acceso al agua y prevenir escenarios de desabasto.
Álvarez Máynez acusó que la mayoría legislativa está por avalar una normativa “sin escuchar a los campesinos, a las comunidades ni a las organizaciones territoriales” que desde meses atrás han advertido afectaciones sociales y ambientales. Señaló que el principal problema del proyecto es la ausencia de un componente presupuestal que asegure recursos suficientes para infraestructura de potabilización, capacitación de personal especializado y fortalecimiento de los inspectores encargados de vigilar el cumplimiento de concesiones y descargas. Según expuso, ni el articulado ni los artículos transitorios fijan criterios mínimos de financiamiento que garanticen la operación de la política hídrica.
El dirigente emecista también criticó que toda la carga financiera y operativa recaiga exclusivamente en la Comisión Nacional del Agua, sin que exista un mecanismo para dotar de recursos adicionales al organismo, a pesar de que la propia dependencia ha reconocido limitaciones para atender proyectos de infraestructura en múltiples regiones del país. Cuestionó además que el nuevo esquema de reasignaciones quede bajo el control absoluto de la Comisión, aun cuando los organismos de cuenca cuentan con mayor conocimiento de las necesidades locales y podrían tener un papel decisivo en la administración del recurso.
Para Álvarez Máynez, la propuesta legislativa abre la puerta a procesos discrecionales en la transmisión o reasignación de concesiones, ya que no establece reglas claras ni criterios verificables para la toma de decisiones. Subrayó que aunque se mantiene la prohibición de transferir concesiones entre particulares, el diseño institucional permite que la autoridad central concentre un poder excesivo sin contrapesos técnicos ni participación regional.
Otro de los señalamientos del coordinador de MC es la falta de mecanismos específicos para sancionar la contaminación del agua. De acuerdo con su postura, la ley se limita a exigir el cumplimiento de normas de descarga y al pago de derechos correspondientes, sin prever sanciones adicionales o suspensiones que desincentiven prácticas que ponen en riesgo la disponibilidad del recurso para las poblaciones.
El partido naranja sostiene, además, que el dictamen no contempla la suspensión automática de asignaciones o concesiones aun cuando exista sobreexplotación o extracción que comprometa el consumo humano, lo que —advirtió— contradice el principio de garantizar el derecho constitucional al agua. Para Álvarez Máynez, esta omisión podría agravar la vulnerabilidad de regiones donde los acuíferos ya presentan niveles críticos de abatimiento.
Movimiento Ciudadano reiteró su negativa a respaldar una ley que, a su juicio, “nace sin escuchar a México” y que, de aprobarse en sus términos, sería insuficiente para enfrentar el estrés hídrico que avanza en el país.
