La tragedia que sacudió al municipio de Uruapan, en el estado de Michoacán, y la respuesta política que generó podrían marcar una antes y un después en la historia del federalismo mexicano. El reciente asesinato del alcalde Carlos Manzo Rodríguez, junto al histórico registro de seis ediles asesinados durante la actual administración estatal, motivó que la bancada del Movimiento Ciudadano presentara —mediante la diputada Ivonne Ortega, coordinadora de la bancada naranja— una solicitud al Senado de la República para que se declare la “desaparición de poderes” en Michoacán, facultad excepcional que implica, en los hechos, la sustitución temporal del gobierno local por una designación desde el Congreso.
El sábado 1 de noviembre de 2025, mientras se llevaban a cabo las festividades del Día de Muertos en Uruapan, Carlos Manzo fue asesinado en la Plaza Morelos de ese municipio, pese a contar con custodia de 22 elementos —ocho escoltas municipales y 14 de la Guardia Nacional— lo que evidencia la penetración de la violencia incluso frente a estructuras oficiales de seguridad. La Fiscalía del estado ya investiga el abatimiento del agresor —un menor de 17 años identificado como Víctor Manuel Ubaldo Vidales— a pesar de que estaba ya neutralizado, situación que agrava el clima de impunidad.
El contexto detrás de este hecho es de una gravedad extrema: entre 2022 y 2025 al menos siete presidentes municipales han sido asesinados o desaparecidos en Michoacán. El asesinato de Manzo —la séptima víctima en este ciclo de violencia municipal— adquiere dimensiones simbólicas, pues se convierte en una ruptura visible entre el Estado y su capacidad para garantizar seguridad, y asegura Ortega que representa “una crisis de ingobernabilidad que imposibilita el ejercicio normal de los poderes públicos”.
La petición de los legisladores de Movimiento Ciudadano es que el Senado evalúe la declaratoria de desaparición de poderes conforme al artículo 76 de la Constitución, lo que, si se aprueba, permitiría nombrar un gobernador provisional y asumir temporalmente las funciones estatales hasta restablecer lo que se considere un mínimo de gobernabilidad democrática. De fondo, la solicitud es un grito de alarma amplio: “Si el crimen organiza y el Estado no impone la ley, el poder público sólo es una fachada”, advierte Ortega.
En Uruapan, una manifestación convocada tras el homicidio reunió a decenas de miles de personas —aproximadamente 70 000 según medios locales— que caminaron por las calles del municipio con el reclamo “justicia” a voz en cuello.
La iniciativa de declaratoria propuesta por Ortega y su bancada obliga al Ejecutivo Federal, al Legislativo y al Judicial a opinar. Para los ciudadanos de Michoacán, la elección no está sólo entre delincuencia o Estado; se trata de cuál Estado. Porque si cada vez que un funcionario es asesinado el sistema político se queda sin reacción, la democracia local queda descabezada, debilitada y a la espera del capricho de grupos armados. Como bien señala Ortega, “se ha erosionado la capacidad de los tres poderes de operar con autonomía y autoridad”.
El llamado de atención es severo: no sólo para Michoacán sino para todo el país. Cuando el Estado decide renunciar a órganos esenciales del poder público, la alternativa no es el caos, sino la intervención concertada que restaure la gobernabilidad. Hoy, la propuesta de desaparición de poderes es exactamente eso: una apuesta por que el Estado recupere el control, antes de que los hechos lo sustituyan.
