El Senado de la República aprobó por unanimidad una serie de reformas que endurecen las penas por el delito de extorsión, elevando el castigo máximo hasta 42 años de prisión. La decisión fortalece la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum en octubre, y busca enfrentar uno de los crímenes con mayor impacto económico y social en México.
Senado avala endurecer penas contra la extorsión en México
Con el respaldo de Morena, PT, PVEM, así como del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, el Senado consolidó una de las reformas más amplias en materia de seguridad en los últimos años. La nueva norma establece:
Homologación del delito de extorsión en todos los estados.
Investigación de oficio, sin necesidad de que exista un denunciante plenamente identificado.
Un catálogo ampliado de agravantes, que permiten elevar las penas hasta 42 años de cárcel.
El proyecto fue devuelto a la Cámara de Diputados, donde se prevé su aprobación final.
“Queremos reconocer que estos cambios modifican de fondo preocupaciones que teníamos”, declaró la senadora de MC, Alejandra Barrales, al reconocer el giro del dictamen en su segunda revisión.
El díctamen sobre la nueva Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, que a nombre de la Comisión de Justicia del @senadomexicano presenté hace unos momentos es una propuesta avalada en comisiones por todos los grupos parlamentarios, un… pic.twitter.com/UwtoqaXYLh
Endurecimiento de penas: de 6 a 15 años, a un nuevo rango de 15 a 42 años
El dictamen aprobado corrige la versión previamente avalada por la Cámara baja, que había suavizado sanciones. Ahora, el castigo mínimo queda entre 15 y 25 años, con agravantes que pueden llevarlo a 42 años de prisión.
La ley reconoce diversas modalidades del delito, incluyendo:
Derecho de piso impuesto por grupos criminales.
Accidentes provocados o “montachoques”.
Extorsión telefónica, incluso desde centros penitenciarios.
Coacción a comercios, transporte, distribución de mercancías y vendedores ambulantes.
Estas prácticas, según legisladores de todos los partidos, “golpean a todos los sectores y crecen de manera exponencial” en el país.
El Senado también reinstaló las penas originalmente propuestas para servidores públicos —policías, ministerios públicos, directores penitenciarios— que omitan denunciar casos de extorsión. Se regresó al rango de 10 a 20 años de cárcel, descartando la reducción aprobada previamente por los diputados.
Puntos de conflicto: presupuesto y capacidad operativa
Aunque el dictamen logró unanimidad, no estuvieron ausentes las críticas. Legisladores del PAN, PRI y MC coincidieron en que el proyecto carece de presupuesto etiquetado para garantizar su aplicación.
“Si no garantizamos recursos suficientes para la implementación, el seguimiento y la persecución del delito de extorsión, esto va a quedar como un catálogo de buenas intenciones”, advirtió la panista Guadalupe Murguía.
Por su parte, la priista Carolina Vigiano enfatizó la necesidad de “fortalecer a las policías y ministerios públicos”, al considerar indispensable la asignación de recursos para crear unidades especializadas en las fiscalías estatales.
Nuevas consideraciones: perspectiva de género y extorsión digital
Durante la discusión particular se aprobaron dos cambios impulsados por Morena:
Atención a víctimas de extorsión con perspectiva de género.
Inclusión como agravante del uso de dispositivos, tecnologías, telecomunicaciones o plataformas digitales para cometer extorsión.
“Se trata de cerrar las grietas a las plataformas digitales y las telecomunicaciones para evitar que sean medios que faciliten la extorsión”, explicó el morenista Ignacio Mier, autor de la propuesta.
Un acuerdo inusual en el Congreso
La unanimidad alcanzada recuerda la unidad que se perdió en la discusión inicial en la Cámara de Diputados. Según el coordinador de Morena en San Lázaro, Ricardo Monreal, la Cámara baja dará luz verde a los ajustes del Senado, lo que permitirá que la nueva Ley se promulgue en los próximos días.
La legislación es considerada un pilar de la Estrategia Nacional de Seguridad, y representa un mensaje político contundente frente a un delito que ha escalado hasta convertirse en una de las principales fuentes de ingresos del crimen organizado.
Luis Donaldo Colosio Riojas lanzó un duro y contundente mensaje contra la inacción del Estado ante el avance del crimen organizado en México. Colosio advirtió que el país se ha convertido en un territorio donde “es más probable que quien alza la voz reciba una respuesta criminal antes que una respuesta gubernamental”.
El SAT busca promover la regularización y el cumplimiento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
