El pasado domingo 22 de febrero de 2026, México vivió un punto de inflexión con la muerte de Nemesio Oseguera “El Mencho” durante un operativo de fuerzas especiales en Tapalpa, Jalisco. Lo que comenzó como una operación de precisión militar derivó rápidamente en una violenta respuesta del crimen organizado, que utilizó “narcobloqueos” y vehículos incendiados como escudo en al menos 20 estados del país. Sin embargo, el epicentro del caos permanece en Jalisco, donde la violencia ha obligado a las instituciones y al sector privado a implementar protocolos de emergencia.
El impacto más severo para la movilidad nacional e internacional se ha sentido en los aeropuertos. Solo entre el domingo y las primeras horas de hoy, se reportó la cancelación de más de 118 vuelos en las terminales de Guadalajara (GDL) y Puerto Vallarta (PVR). Aerolíneas como Aeroméxico, Volaris y Viva Aerobus, junto con gigantes internacionales como Air Canada y United Airlines, tomaron la decisión drástica de suspender operaciones.
En este contexto, especialistas en seguridad y movilidad coinciden en que el impacto en la aviación responde más a criterios preventivos de las aerolíneas que a una afectación directa en la infraestructura aeroportuaria. Tanto el Aeropuerto Internacional de Guadalajara como el de Puerto Vallarta han continuado operando bajo resguardo de autoridades federales, sin reportes de incidentes dentro de las terminales. Sin embargo, la incertidumbre generada por bloqueos carreteros y episodios de violencia en distintos puntos del estado llevó a las compañías aéreas a priorizar la seguridad de pasajeros y tripulaciones, aplicando cancelaciones, reprogramaciones y políticas flexibles de cambio.
Aunque el Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP) mantiene las instalaciones abiertas bajo un fuerte resguardo de la Guardia Nacional y la Sedena, la realidad operativa es otra: las pistas lucen semivacías mientras los mostradores se saturan de viajeros varados. El sector turístico en Puerto Vallarta, motor económico de la región, ha recibido un golpe directo, con cientos de turistas internacionales lidiando con itinerarios inciertos ante la volatilidad de la situación.
A nivel terrestre, la parálisis no es menor. Empresas de transporte como ETN y Primera Plus suspendieron corridas en diversos puntos del sur del estado y zonas colindantes con Michoacán y Nayarit. El Gobierno federal ha respondido con el despliegue de 10,000 efectivos adicionales para intentar recuperar el control de las carreteras federales, donde se llegaron a contabilizar hasta 65 bloqueos activos simultáneamente.
A pesar de que el Gabinete de Seguridad informó hoy que el 90% de las vías han sido liberadas, el clima de tensión persiste. Las medidas extraordinarias, que incluyen la suspensión de clases presenciales en varios municipios y alertas de viaje emitidas por gobiernos extranjeros, subrayan que la caída del líder del CJNG no es el fin del conflicto, sino el inicio de una fase de reacomodo violento que mantiene a la población y a los viajeros en un estado de alerta máxima.
