Un grupo de mujeres indígenas mazatecas del municipio de Eloxochitlán de Flores Magón, Oaxaca, acudió este jueves a las oficinas de ONU Mujeres México para exigir el reconocimiento público del daño ocasionado por un boletín de 2018 en el que se presentaba como víctima a la diputada local Elisa Zepeda Lagunas. Según sus versiones, ese material —sostienen— ha sido utilizado durante años como una herramienta de criminalización contra decenas de comuneros y comuneras mazatecas. Tras una protesta con maracas y consignas en la fachada del edificio, representantes de la agencia accedieron a bajar el boletín de su portal.
Durante la manifestación, las mujeres denunciaron que el contenido del boletín contenía afirmaciones falsas: entre ellas, que el hermano de Elisa Zepeda habría sido asesinado y dejado en la plaza pública, o que su madre habría sufrido lesiones graves. A decir de las manifestantes, esas afirmaciones han servido como fundamento en procesos judiciales que han mantenido encarceladas o perseguidas a más de 30 personas —muchas de ellas continuación de disputas políticas y agrarias relacionadas con su territorio ancestral.
La abogada comunitaria que acompañó a las mujeres, Argelia Betanzos, relató que durante el diálogo con personal de ONU Mujeres —identificados como María de Lourdes Colinas Suárez y Francisco Gerardo Camarena Espinoza— se confirmó que el polémico boletín ya no aparecía en la página oficial. Asimismo, los representantes de la agencia se comprometieron a gestionar una reunión formal con la oficina general de ONU México y con la oficina de Derechos Humanos de la ONU, con el fin de revisar el caso y valorar la emisión de una nota aclaratoria.
Para las mujeres mazatecas, sin embargo, la retirada del boletín no basta. Insisten en que se necesita una rectificación pública porque aquel documento ha sido parte de una campaña que difundió una versión que califican de falsa y que, aseguran, influyó en decisiones judiciales y en la estigmatización de toda su comunidad. Denuncian que esa narrativa favoreció a la diputada, mientras sus familias vivieron prisión al margen del debido proceso, persecución constante y desplazamiento forzado.
Este reclamo se inscribe dentro de una lucha más amplia que sostienen desde hace más de una década mujeres mazatecas, quienes han denunciado reiteradamente la persecución judicial, la fabricación de delitos, la represión política y el saqueo de sus recursos naturales, como el río Xangá Ndá Ge. En 2023 ya habían acudido a las oficinas de ONU Mujeres en CDMX para pedir derecho de réplica, pero —afirman— no fueron recibidas pese a que se les prometió una reunión por escrito.
También reprocharon lo que llaman “feminismo de Estado” —un uso instrumental del discurso de género para consolidar posiciones políticas a costa de pueblos indígenas— que, señalan, ha servido para encumbrar a Elisa Zepeda mientras la comunidad mazateca sigue sufriendo criminalización, desplazamiento y violencia estructural.
Las mujeres mazatecas indicaron que darán seguimiento puntual al proceso y advirtieron que volverán a manifestarse si no reciben una respuesta concreta: exigen una rectificación pública que reconozca el daño colectivo, la emisión de una nota aclaratoria y garantías de no repetición.
La retirada del boletín representa una victoria simbólica, pero para muchas de estas mujeres y sus familias representa apenas un primer paso en una lucha larga por justicia, verdad y dignidad.
