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Nueva Corte gastó 1.2 millones en ceremonia de purificación a Hugo Aguilar; no hubo pago para indígenas

La instalación de la llamada Nueva Corte en la SCJN abrió un nuevo frente de debate público por el uso de recursos públicos en una ceremonia de carácter simbólico y espiritual cuyo costo ascendió a 1.2 millones de pesos. De acuerdo con información oficial entregada vía transparencia, la SCJN ordenó el pago a cinco proveedores por los servicios contratados para la ceremonia de entrega de bastones de mando realizada el pasado 1 de septiembre
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La instalación de la llamada Nueva Corte en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no sólo marcó un relevo institucional, sino que abrió un nuevo frente de debate público por el uso de recursos públicos en una ceremonia de carácter simbólico y espiritual cuyo costo ascendió a 1.2 millones de pesos, mientras que el máximo tribunal no reportó gasto alguno por la elaboración de los bastones de mando entregados a las y los ministros.

De acuerdo con información oficial entregada vía transparencia, la SCJN ordenó el pago a cinco proveedores por los servicios contratados para la ceremonia de entrega de bastones de mando realizada el pasado 1 de septiembre. El evento incluyó un ritual de purificación con copal, música tradicional y discursos de representantes de pueblos originarios, con el propósito, según se expresó durante el acto, de “anular cualquier energía negativa” y encaminar el trabajo de las ministras y ministros hacia el bien colectivo.

Los recursos públicos se distribuyeron entre cinco empresas. La Corte autorizó el pago de 260 584 pesos a Consorcio Audiovisa, S.A. de C.V., por el servicio de audio profesional, que contempló micrófonos inalámbricos, ambientales y de diadema. A Consorcio Industrial ALO-MAR, S.A. de C.V., se le asignaron 254 029 pesos por la renta de baños portátiles, incluidos sanitarios tipo VIP y lavamanos.

Asimismo, se destinaron 249 400 pesos a Gourmet Tisant, S.A. de C.V., por servicios de coffee break, bocadillos, ensaladas y box lunches; 247 877 pesos a Grupo Vinnicom, S.A. de C.V., por la instalación del escenario, la impresión de viniles y la colocación de un bastidor de madera; y 242 230 pesos a Losemex Tent, S.A. de C.V., por la renta de un pabellón de aluminio, un templete principal y la colocación de un acabado de charol color blanco sobre la tarima.

En la respuesta enviada a este diario, la Corte precisó que las órdenes de pago entregadas tienen “efectos de comprobación presupuestal” y corresponden a operaciones realizadas “a reserva de comprobar”, una fórmula administrativa que, si bien es legal, deja abierta la discusión sobre la oportunidad, justificación y transparencia del gasto, particularmente por tratarse de una ceremonia que no forma parte de las funciones jurisdiccionales estrictas del máximo tribunal.

El ritual fue encabezado por Teresa de Jesús Ríos, médica tradicional del pueblo mazateco, junto con Ernestina Ortiz Peña, del pueblo otomí; María de Lourdes Jiménez, del pueblo mixteco; Yolanda Bautista Hernández, del pueblo zapoteca; Mario de Jesús, caracolero del pueblo mazahua, y Ramón González Carrillo, del pueblo wixárika. Durante el acto se agradeció al universo, a la madre tierra y a Quetzalcóatl, deidad central de la cosmovisión mesoamericana. “Caminemos por este gran poder del gran Quetzalcóatl, y que guíen nuestros pasos, pensamiento y caminemos como hermanos en él, en la humildad, en la fraternidad, en el compromiso que hoy asume nuestras ministras y nuestros ministros. Así sea y así será”, expresó Yolanda Bautista durante la ceremonia.

Sin embargo, el contraste entre el monto destinado a la logística del evento y la falta de registros sobre otros aspectos del mismo ha alimentado cuestionamientos. En el documento entregado vía transparencia, la Secretaría General de la Presidencia de la Corte informó que no localizó registros documentales de remuneraciones, gastos de traslado o alimentación para las personas de origen indígena que participaron en la ceremonia, lo que implica que, al menos de manera formal, no hubo pagos ni apoyos económicos reportados para las y los representantes de los pueblos originarios.

La opacidad también se extiende a los bastones de mando entregados a cada integrante de la Nueva Corte. Según la Unidad de Transparencia del tribunal, no existe información sobre el costo ni la manufactura de estas piezas, ya que fueron aportadas por representantes de 70 pueblos indígenas y afromexicanos “en ejercicio de su autonomía y libre determinación”. Durante el acto, las y los representantes explicaron que el bastón de mando “representa la palabra, el respeto y la autoridad para guiar con dignidad”.

El ministro presidente, Hugo Aguilar Ortiz, subrayó el significado simbólico del objeto recibido. “Entre los yaquis dicen: el bastón de mando te impone la obligación de hablar por los que no pueden hablar, de defender a aquellos que no se pueden defender. Ese es el significado profundo del bastón de mando que hoy estamos recibiendo”, afirmó.

La ceremonia y su costo se suman a una serie de decisiones administrativas de la Nueva Corte que han generado debate público, como la compra de camionetas oficiales y otros gastos defendidos por el Órgano de Administración Judicial bajo el argumento de una “obligación institucional”. En ese contexto, el gasto de 1.2 millones de pesos para un ritual de carácter simbólico, aun cuando se invoque el reconocimiento a la diversidad cultural, vuelve a colocar a la SCJN bajo el escrutinio ciudadano por la forma en que ejerce recursos públicos en una etapa marcada por la exigencia de austeridad, rendición de cuentas y congruencia entre el discurso y la práctica institucional.

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