Luego de tres intentos fallidos, la Fiscalía General de la República (FGR) logró imputar un nuevo cargo por peculado contra Javier Duarte, exgobernador de Veracruz. La acusación, relacionada con el presunto desvío de 5 millones de pesos en 2012, podría impedir su salida de prisión prevista para el próximo 15 de abril, fecha en la que concluye la condena de nueve años que actualmente cumple.
La audiencia inicial se llevó a cabo este jueves y la situación jurídica del exmandatario estatal será definida el martes 17 de febrero a las 10:00 horas, cuando el juez determine si lo vincula o no a proceso.
Un juez federal dictó prisión preventiva a Javier Duarte. La #FGR le imputó el delito de peculado por el presunto desvío de 5 millones de pesos. Estaba a dos meses de cumplir su condena de 9 años por asociación delictuosa y lavado de dinero. pic.twitter.com/ov3ge6akfV
— Nacho Lozano (@nacholozano) February 13, 2026
Nueva acusación por desvío de recursos federales en Veracruz
Durante la diligencia, el Ministerio Público federal señaló a Duarte por el presunto desvío de recursos federales destinados a un Fondo para Apoyo a Personas con Discapacidad en Veracruz en el año 2012, por un monto de 5 millones de pesos.
El caso se centra en la posible comisión del delito de peculado, figura jurídica que sanciona a los servidores públicos que distraen recursos públicos para fines distintos a los autorizados. De acreditarse, la pena podría ir de dos a 14 años de prisión.
La audiencia fue presidida por el juez de control Gustavo Aquiles Villaseñor, quien rechazó una nueva solicitud de la defensa para aplazar el procedimiento. Desde noviembre del año pasado, la diligencia había sido programada en varias ocasiones sin concretarse.
Defensa de Duarte intenta aplazar audiencia por cuarta ocasión
La defensa del exgobernador intentó, por cuarta vez, diferir la audiencia bajo el argumento de que aún está pendiente realizar una entrevista a Antonio Tarek Abdalá, ex tesorero de la administración estatal durante el gobierno de Duarte.
Sin embargo, el juez desestimó la petición. En su lugar, la defensa solicitó ampliar el plazo constitucional para que no se resolviera de inmediato la situación jurídica del imputado. El juzgador accedió a esta petición y fijó como nueva fecha el martes 17 de febrero para continuar con la audiencia y determinar si procede la vinculación a proceso.
Prisión preventiva justificada por riesgo de fuga
Como medida cautelar, el juez impuso prisión preventiva justificada, al considerar que existe riesgo de fuga. Recordó que en octubre de 2016 Duarte utilizó un helicóptero para salir del país y fue detenido posteriormente en Guatemala, tras una orden de detención provisional con fines de extradición.
“Las cuestiones políticas escapan del alcance de este juzgador, no resuelvo cuestiones políticas sino en base a datos objetivos que permiten establecer que hubo un momento en octubre de 2016 en que se usó un helicóptero y escapó a Guatemala”, señaló el juez durante la audiencia.
Agregó que el exmandatario fue detenido en territorio guatemalteco y trasladado a México mediante un proceso formal de extradición, lo que constituye un antecedente relevante. Además, destacó que la pena prevista para el delito de peculado —cuya media aritmética es de ocho años de prisión— representa un incentivo para evadir la acción de la justicia.
Situación legal actual de Javier Duarte
Actualmente, Javier Duarte cumple una sentencia de nueve años de prisión por asociación delictuosa y lavado de dinero. Dicha condena concluiría el 15 de abril próximo.
No obstante, si el próximo martes el juez decide vincularlo a proceso por el nuevo cargo de peculado, su liberación no será posible en esa fecha. En ese escenario, el exgobernador deberá enfrentar el nuevo proceso penal bajo la medida de prisión preventiva, lo que prolongaría su estancia en reclusión.
El caso representa un nuevo capítulo en la situación judicial del exmandatario veracruzano, cuya administración (2010-2016) ha sido señalada por múltiples irregularidades financieras, investigaciones por corrupción y desvío de recursos públicos, de acuerdo con datos oficiales y resoluciones judiciales previas.