A casi un mes de la tragedia ferroviaria que estremeció el Istmo de Tehuantepec, la Fiscalía General de la República (FGR) confirmó la detención de Felipe de Jesús “N”, señalado como el conductor del Tren Interoceánico que se descarriló el 28 de diciembre de 2025 en las inmediaciones de Nizanda, Oaxaca, en un accidente que dejó un saldo de 14 víctimas mortales y casi un centenar de heridos entre los 250 pasajeros y tripulantes a bordo. La aprehensión, realizada el pasado lunes 26 de enero en el estado de Chiapas por la Policía Federal Ministerial y documentada en el Registro Nacional de Detenciones, ha prendido dudas sobre la conducción del proceso penal y la supuesta responsabilidad individual frente a posibles fallas estructurales o negligencias de mayor alcance en esta obra emblemática del Corredor Interoceánico de Desarrollo.
Durante una conferencia de prensa, la fiscal general Ernestina Godoy Ramos explicó que el tren circulaba a una velocidad muy por encima de los límites señalados en su normativa operativa. Según los peritajes realizados con base en la “caja negra” de la locomotora, la unidad alcanzó hasta 111 kilómetros por hora en tramos de recta donde el máximo autorizado era de 70, y transitó a 65 kilómetros por hora en la curva en la que finalmente se produjo el descarrilamiento, cuando la velocidad permitida para ese punto era de apenas 50. Godoy Ramos subrayó que, con base en estos datos, no se encontraron fallas técnicas en los sistemas de frenado ni daños relevantes en la infraestructura ferroviaria que hubieran contribuido al siniestro, y que los peritos determinaron que los mecanismos de la locomotora funcionaban “adecuadamente”. Con ello, la Fiscalía decidió ejercer la acción penal por los delitos de homicidio culposo y lesiones culposas contra quien resulte responsable.
No obstante, la decisión de enfocar la responsabilidad en el maquinista ha sido recibida con escepticismo por diversos sectores políticos y especialistas independientes. Organizaciones de la sociedad civil, legisladores de oposición e ingenieros señalan que un accidente de esta magnitud no puede explicarse únicamente por la actuación de un solo operador, sobre todo en un proyecto de gran envergadura como el Corredor Interoceánico que atravesó importantes transformaciones técnicas y administrativas en su ejecución. Estas voces recuerdan que antes del accidente ya existían advertencias técnicas sobre posibles deficiencias en la rehabilitación de la Línea Z —donde ocurrió el siniestro— y en la supervisión de obras complejas como curvas pronunciadas y perfiles de vía, cuestiones que no han sido cabalmente abordadas por las autoridades fiscales.
Críticos del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum también han señalado la ausencia de menciones explícitas a posibles responsabilidades de terceros en la cadena de supervisión del proyecto, entre los cuales se han mencionado actores vinculados a la administración anterior. En ese sentido, la investigación oficial no ha mencionado a asesores externos ni a figuras como Gonzalo “Boby” López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, cuya participación honorífica en el proyecto del Tren Interoceánico había sido objeto de controversia pública y demandas de investigación independiente por parte de senadores y diputados de oposición. Tales omisiones han alimentado cuestionamientos sobre la autonomía de la Fiscalía y la suficiencia de la investigación para esclarecer no sólo las causas técnicas del accidente, sino también su contexto político y de gestión.
El arresto de Felipe de Jesús “N” se produce en medio de un ambiente político tenso, donde la atención pública no se limita a la responsabilidad del operador sino que se extiende a las decisiones de política pública, de inversión y de supervisión técnica que rodean a uno de los proyectos de infraestructura más emblemáticos y disputados de los últimos años. La FGR enfrenta ahora el desafío de sostener una investigación que no sólo responda a la exigencia de justicia para las familias de las víctimas —que siguen recibiendo atención médica y apoyo gubernamental—, sino también a la demanda social de claridad, transparencia y rendición de cuentas en la gestión de obras públicas de alto impacto.
En este contexto, la historia del Tren Interoceánico, sus tragedias y sus consecuencias legales y políticas continúan desarrollándose como un capítulo crítico en el debate sobre seguridad ferroviaria, responsabilidad institucional y la relación entre infraestructura, política y ciudadanía en México.
