La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, presentó recientemente una iniciativa de reforma a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), con el objetivo de incrementar las cuotas laborales de los empleados públicos, incluyendo a los docentes, para garantizar la sostenibilidad y mejora de los servicios que ofrece el instituto.
Esta propuesta ha suscitado un creciente rechazo entre los trabajadores de la educación. Docentes de diversas entidades federativas, como Sonora, Yucatán y Baja California, han organizado manifestaciones y paros laborales para expresar su inconformidad. Argumentan que la reforma afectaría sus salarios y pensiones, incumpliendo compromisos previos del gobierno federal.
En respuesta a las inquietudes del magisterio, el secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Alfonso Cepeda Salas, aseguró que las reformas no afectarán al personal de base de ningún gremio. Además, destacó que la presidenta Sheinbaum ha atendido las demandas de los trabajadores para que en la iniciativa de reforma no se incluya ninguna cuota adicional que afecte sus derechos.
Por su parte, el dirigente de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en Baja California, Marco Antonio Pacheco, advirtió que la reforma representaría un “golpe al bolsillo” de los trabajadores, ya que las aportaciones al ISSSTE se calcularían sobre el salario integrado, lo que implicaría un aumento significativo en las contribuciones.
A pesar de las movilizaciones y protestas, el gobierno federal mantiene su postura de que la reforma es necesaria para fortalecer el sistema de salud y pensiones de los trabajadores al servicio del Estado. Se espera que en las próximas semanas se continúen los diálogos entre las autoridades y los representantes sindicales para llegar a un acuerdo que satisfaga a ambas partes.
