La violencia contra personas y comunidades defensoras del medio ambiente en México mantiene niveles críticos y persistentes, de acuerdo con el más reciente informe presentado por Gustavo Alanís, titular del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, durante una entrevista en Aristegui en Vivo. El diagnóstico documenta que en 2025 se registraron 135 eventos de agresión, que derivaron en 314 agresiones específicas y dejaron un saldo de 10 personas defensoras asesinadas, lo que confirma un escenario de alto riesgo para quienes protegen el agua, la biodiversidad y el territorio.
El reporte detalla que la violencia no solo persiste, sino que se diversifica en formas que van desde amenazas, hostigamiento e intimidación hasta agresiones físicas, criminalización y homicidios. En este contexto, el informe identifica al Estado como el principal perpetrador de estas agresiones, seguido por actores privados y, en menor medida, por el crimen organizado. Esta caracterización apunta a una problemática estructural en la que las instituciones encargadas de proteger derechos humanos aparecen, en múltiples casos, como agentes que los vulneran.
Uno de los elementos más preocupantes del análisis es el nivel de impunidad. De acuerdo con el CEMDA, alrededor del 90 por ciento de los casos documentados no alcanza una resolución judicial, lo que perpetúa un entorno de permisividad y revictimización. Esta falta de justicia no solo inhibe la denuncia, sino que incrementa la vulnerabilidad de quienes continúan su labor en defensa del medio ambiente frente a megaproyectos, actividades extractivas o decisiones gubernamentales que afectan sus territorios.
El informe también identifica patrones geográficos y sociales en la violencia. Diversas entidades del país concentran un mayor número de agresiones, particularmente aquellas con alta presencia de conflictos socioambientales. Además, se subraya que las mujeres defensoras, las comunidades indígenas y las organizaciones civiles figuran entre los sectores más golpeados, enfrentando no solo riesgos físicos, sino también violencia diferenciada por razones de género y condiciones estructurales de desigualdad.
Durante la entrevista, Alanís abordó casos recientes que ilustran la relación entre omisiones institucionales y daños ambientales. Entre ellos destaca el reconocimiento tardío de un derrame de Pemex en el Golfo de México, que evidenció deficiencias en los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas. Este tipo de episodios, señaló, refuerza la desconfianza hacia las autoridades y expone a quienes denuncian estos hechos a represalias.
El informe también advierte sobre riesgos futuros, particularmente ante la posibilidad de reactivar o impulsar técnicas como el fracking en el país. Según el análisis, la falta de garantías para la participación pública y la protección de defensores podría intensificar los conflictos socioambientales en diversas regiones, replicando patrones de violencia ya documentados.
En conjunto, la radiografía presentada por el CEMDA perfila un escenario donde la defensa del medio ambiente en México continúa siendo una actividad de alto riesgo, marcada por la impunidad, la falta de protección efectiva y la persistencia de actores que, desde distintas esferas, obstaculizan el ejercicio de derechos fundamentales. El informe plantea la urgencia de fortalecer mecanismos de prevención, protección y acceso a la justicia, en un contexto donde la labor de las personas defensoras resulta clave frente a la crisis ambiental que enfrenta el país.
