En una medida que retrata un cambio de calado en la política migratoria y de control financiero de las relaciones bilaterales, el gobierno de los Estados Unidos ha revocado la visa a Alfonso Durazo Chávez, hijo del gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, lo cual abre un complejo capítulo en torno a sus relaciones empresariales, políticas y familiares, así como a la actitud de Washington frente a presuntos nexos de poder en la región fronteriza.
Según medios mexicanos y estadounidenses, la cancelación del permiso de entrada habría sido ejecutada en octubre de 2025, tras un intercambio de información entre agencias migratorias y de seguridad de ambos países. El fundamento aducido se centra en una investigación sobre lavado de dinero y contrabando de combustible –en particular, el llamado “huachicol fiscal”– en la frontera norte de México, donde Durazo Chávez aparece vinculado a una red empresarial compartida con el exmarino Fernando Farías Laguna, prófugo y acusado de liderar una estructura de robo y tráfico de hidrocarburos.
Aunque ninguna autoridad estadounidense ha emitido un comunicado oficial confirmando la medida, el hecho ha sido recogido por diversos medios especializados en el tema de migración y crimen organizado. La acción adquiere especial relevancia al observarse como parte de una tendencia más amplia del gobierno norteamericano para negar acceso a individuos con presuntas relaciones de poder, economía ilícita o protección política en México.
Esta acción no debe leerse simplemente como un hecho aislado: forma parte de una ofensiva diplomática más amplia contra políticos vinculados al partido Morena. La cancelación de este permiso de entrada refleja una tendencia creciente en la cual Washington utiliza la herramienta migratoria para ejercer presión política y de seguridad hacia México.
De acuerdo con una investigación de la agencia Reuters, el gobierno estadounidense revocó al menos 50 visas de políticos y funcionarios mexicanos —varios de ellos cercanos al partido Morena— en el transcurso de 2025. Entre las pocas personas que han hecho pública la revocación de su visa se encuentra la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila (Morena), quien anunció junto a su esposo que ambas visas fueron canceladas sin que se le comunicara una razón oficial y varios presidentes municipales de la zona norte del país.
Un foco sobre Sonora y el poder regional
La implicación directa de Durazo Chávez sitúa bajo el reflector político al gobernador Durazo Montaño y a su entorno, generando interrogantes sobre el vínculo entre autoridad pública, negocio privado y estructuras de contrabando. Esta es una región históricamente estratégica para el trasiego de combustibles, así como para operaciones que cruzan la frontera hacia y desde Estados Unidos. Al convertirse el hijo del mandatario en blanco de sanciones o restricciones migratorias, las relaciones empresariales y políticas del clan Durazo adquieren mayor escrutinio desde Washington y desde dentro de México.
Fuentes consultadas señalan que las compañías en cuestión habrían estado registradas en Sonora y Baja California, operando bajo supuestas simulaciones de importación de combustible y transferencia de capital transfronterizas. Si bien no se ha señalado oficialmente que existan cargos criminales formales contra Durazo Chávez en Estados Unidos, la revocación de visa implica que Washington considera riesgo migratorio o de ingreso a su territorio por vínculos suficientes para subsidiar la decisión.
Hacia dónde mirar
Este caso obliga a poner atención en tres frentes. Primero, si el gobierno de los Estados Unidos mantendrá otras acciones similares contra figuras políticas mexicanas, y si dichas decisiones serán acompañadas por sanciones económicas o penales. Segundo, cómo responderá el gobierno del estado de Sonora ante la presión —si bien indirecta— de una medida que cuestiona el actuar del entorno más cercano al gobernador. Y tercero, si en México se abrirá algún expediente oficial que indague las relaciones empresariales de Durazo Chávez o de su familia, dado que la revocación de visa desde el exterior coloca una sombra sobre la actuación local.
En definitiva, la revocación de visa de Alfonso Durazo Chávez marca un punto de inflexión: más allá de un acto migratorio aislado, representa un síntoma de las nuevas dinámicas en que la seguridad, el comercio de hidrocarburos, el poder político y la frontera norte se entrelazan. Para Sonora y para la familia Durazo, el mensaje es claro: los vínculos de poder ya no bastan para garantizar inmunidad frente al escrutinio internacional. Y para México, el episodio señala que el espacio entre los dos países se mantiene como una zona de alto riesgo, no solo para el contrabando o el narcotráfico, sino para la política misma.
