La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) ha dado un giro notable en su discurso sobre el Tren Maya: ahora reconoce que la infraestructura ha causado daños ambientales y se propone “regularizar” la obra mediante una revisión exhaustiva de permisos y condicionantes. El cambio se da luego de todo un sexenio que sostuvo que no existían daños en los cenotes ni en la selva y que se dedicó a atacar a quienes así lo sostuvieron. Esa admisión, hecha por la titular Alicia Bárcena Ibarra durante su comparecencia ante la Cámara de Diputados, marca un punto de inflexión en el debate sobre el proyecto insignia del sureste mexicano.
Bárcena afirmó que el tramo 5 es el que ha sufrido mayores afectaciones, con impactos sobre ocho cavernas y cenotes, y enfatizó que la administración actual revisa semanalmente los permisos otorgados o pendientes para la obra. Explicó que “regularizar la obra” significa incorporar una serie de condicionantes ambientales adicionales, verificar permisos que faltan y exigir el cumplimiento de los ya asignados. Para ello se ha establecido un grupo interinstitucional que incluye a Semarnat, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y responsables del Tren Maya, con reuniones semanales de seguimiento para cada uno de los siete tramos de la ruta.
Durante su intervención, Bárcena admitió que el proyecto corre sin permisos completos en ciertos tramos y subrayó que trabajan para exigir el cumplimiento del 95% de las acciones de mitigación pactadas. Entre los retos identificados están los permisos ambientales ausentes o incumplidos, cambios de uso de suelo sin autorización y la necesidad de reforestar las zonas afectadas para compensar el daño ambiental. En particular, en el tramo 5 ya se han iniciado labores para la limpieza y remoción de concreto que invadió cavernas y cenotes.
El inicio del ajuste normativo no está exento de tensiones. Diputados del PAN y el PRI cuestionaron el pasado ambiental del proyecto y documentaron, mediante análisis satelitales, que miles de hectáreas fueron deforestadas sin permisos adecuados. En su comparecencia, Bárcena reconoció que cuando la presente administración asumió (el 1 de octubre de 2024), el Tren Maya ya estaba en marcha, lo que limita su capacidad para revertir lo hecho. No obstante, aseguró que corresponde revisar y sancionar lo pendiente, insistiendo en que la obra no será detenida, sino corregida.
Este cambio de postura institucional ocurre en un momento sensible: organizaciones ambientales y comunidades han denunciado desde el inicio del proyecto que el trazado del Tren Maya atravesó zonas con frágil sustrato kárstico y ecosistemas subterráneos. Ahora, al asumir la Semarnat que existieron daños en sistemas de cavernas y agua subterránea, el Gobierno busca equiparar sus ambiciones de infraestructura con una narrativa de corrección y responsabilidad ambiental. Queda por verse si esta estrategia de “regularización” será suficiente para recuperar credibilidad, contener litigios en tribunales y restaurar los ecosistemas impactados, o si, por el contrario, quedará como un paliativo que apenas roza la magnitud del daño original.
