El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez, y la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, acusaron este martes al Poder Judicial de México de presuntas irregularidades que han permitido la liberación de cuentas bancarias vinculadas a personas investigadas por lavado de dinero, como es el caso de Inés Gómez Mont y Víctor Manuel Álvarez Puga.
En la conferencia de prensa matutina, Gómez Álvarez expresó su preocupación por lo que calificó como una “sistemática y repetida” práctica de jueces federales al otorgar amparos que permiten desbloquear las cuentas de personas bajo investigación, incluso antes de que se resuelvan los juicios de fondo.
Y es que vale la pena mencionar que Inés Gómez Mont, exconductora de Televisión Azteca, y su esposo, Víctor Manuel Álvarez Puga, enfrentan acusaciones de fraude y lavado de dinero. Según las investigaciones de la UIF, ambos habrían participado en esquemas de desvío de recursos dentro del sistema penitenciario federal, obteniendo grandes sumas de dinero mediante contratos fraudulentos para obras inexistentes. Ante estas acusaciones, ambos se dieron a la fuga y se encuentran actualmente en Estados Unidos, donde han evadido su extradición.
El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito ratificó la sentencia que otorgó el amparo a Gómez Mont y Álvarez Puga, lo que permitió la reactivación de sus cuentas bancarias desde el mes de marzo, a pesar de que ambos enfrentan órdenes de aprehensión. Esta decisión ha generado un fuerte malestar en el gobierno mexicano, que ve en ello una falta de compromiso con la justicia.
Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum subrayó que estas decisiones judiciales son responsables de la liberación de más de 35,000 pesos relacionados con casos de corrupción y delincuencia organizada.
La mandataria también comentó que se están preparando modificaciones legales, además de los cambios previstos en la ley del Senado, para evitar que este tipo de situaciones se repitan.
La investigación sobre Gómez Mont y Álvarez Puga continúa, mientras la UIF y las autoridades mexicanas se preparan para impugnar futuras decisiones judiciales que consideren irregulares.
