El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, solicitó licencia temporal a su cargo para enfrentar una investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) derivada de acusaciones formuladas por el gobierno de Estados Unidos que lo señalan por presuntos vínculos con el crimen organizado, en un episodio que profundiza la incertidumbre institucional y política en la entidad.
La decisión se produjo días después de que el Departamento de Justicia estadounidense hiciera pública una acusación en la que se le atribuye haber recibido sobornos y brindado protección al Cártel de Sinaloa a cambio de apoyo político y facilidades operativas para el tráfico de drogas hacia territorio norteamericano. En respuesta, el mandatario estatal negó los señalamientos y afirmó que su separación del cargo tiene como propósito permitir el desarrollo de las indagatorias sin interferencias.
De manera paralela, el presidente municipal de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, también solicitó licencia temporal, luego de ser incluido en las mismas investigaciones impulsadas por autoridades estadounidenses. La salida simultánea de ambos funcionarios configura un vacío de poder en dos de los principales niveles de gobierno en Sinaloa, en un contexto marcado por tensiones políticas y presión internacional.
El caso adquiere mayor complejidad por el papel de la Fiscalía General de la República, instancia encargada de conducir las investigaciones en territorio nacional. Si bien la dependencia confirmó la apertura de una indagatoria, también ha señalado que, hasta el momento, no existen elementos suficientes para proceder con acciones judiciales inmediatas, por lo que ha solicitado a Estados Unidos ampliar la información probatoria. Este posicionamiento ha alimentado cuestionamientos sobre la solidez del caso y el alcance de la cooperación bilateral en materia de justicia.
A nivel político, el episodio ha detonado un debate sobre la autonomía real de la FGR, institución que, pese a su carácter constitucionalmente autónomo, ha sido objeto de críticas por presunta cercanía con el gobierno federal. La discusión se intensifica ante el respaldo expresado desde el Ejecutivo federal hacia los funcionarios señalados y la insistencia en que las acusaciones carecen de pruebas concluyentes, lo que ha sido interpretado por sectores de oposición como un intento de contención política frente a un escándalo de alto impacto.
El hecho de que la licencia solicitada no implique la pérdida del fuero constitucional mantiene abierta una discusión jurídica sobre los alcances de la rendición de cuentas en México. Aunque la separación del cargo permite, en teoría, facilitar las investigaciones, la permanencia de esta figura legal limita la posibilidad de proceder penalmente sin los mecanismos legislativos correspondientes, lo que ha sido señalado por analistas como un elemento que podría dilatar el proceso.
La coyuntura también evidencia la fragilidad de los equilibrios institucionales frente a presiones externas, en particular en la relación con Estados Unidos, cuyo señalamiento directo contra funcionarios en funciones marca un precedente inusual en la cooperación bilateral en materia de combate al narcotráfico. Mientras tanto, el desarrollo de las investigaciones y la consistencia de las pruebas serán determinantes para definir si el caso se traduce en consecuencias judiciales o permanece en el terreno de la disputa política y diplomática.
