A más de una semana del descarrilamiento trágico del Tren Interoceánico en la Línea Z del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, que dejó un saldo de 14 muertos y decenas de heridos, un nuevo capítulo se abrió este lunes con la presentación de una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR) por parte de familiares y víctimas directas del siniestro.
El accidente ocurrido el domingo 28 de diciembre de 2025 cerca de Nizanda, Oaxaca, cuando el tren que enlaza Salina Cruz con Coatzacoalcos se descarriló en una curva pronunciada, provocó una de las tragedias ferroviarias más graves de los últimos años en el país. La Secretaría de Marina (SEMAR) confirmó inicialmente 13 fallecimientos y 98 lesionados, cifra que posteriormente aumentó a 14 tras el fallecimiento de una mujer de 73 años en un hospital, mientras los heridos reciben atención médica en distintas unidades, muchas de ellas bajo supervisión pública.
La denuncia fue encabezada por Adrián Arellano, abogado de una de las familias afectadas, quien explicó que se trata de un ejercicio del derecho de las víctimas a participar activamente en la investigación, conocer el desarrollo del dictamen pericial y, en su caso, lograr que se identifiquen y sancionen responsabilidades. Las imputaciones, detalló Arellano, no se limitan a inconformidades subjetivas, sino que señalan a tres empresas que participaron en la adquisición y venta de materiales y servicios vinculados con la obra: COMSA Infraestructura, Grupo Constructor Diamante y Daniferrotools. El documento penal busca que se investigue si existieron irregularidades, omisiones o negligencias que pudieron contribuir al siniestro, y si corresponde una reparación del daño a las familias afectadas. El abogado enfatizó que brinda sus servicios de manera gratuita.
La presentación de la denuncia se da en un contexto de creciente presión por esclarecer las causas del descarrilamiento. Informes periodísticos y auditores públicos han señalado con anterioridad posibles deficiencias técnicas y administrativas en la rehabilitación de la Línea Z, así como la falta de estudios completos de ingeniería o supervisión, especialmente en puntos críticos como la curva donde se produjo el accidente.
“No es necesario que se acerquen abogados”: Sheinbaum
En paralelo, la presidenta Claudia Sheinbaum ha dado una respuesta pública que ha generado controversia. La mandataria ha cuestionado la necesidad de que las víctimas cuenten con acompañamiento legal privado, advirtiendo que existen bufetes que se acercan prometiendo mayores recursos y que, según su versión, terminan cobrando comisiones a las familias. Sheinbaum ha insistido en que las víctimas pueden acudir directamente a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), donde, aseguró, recibirán todo el respaldo del gobierno, incluyendo el acceso al seguro y una reparación integral del daño conforme a la ley, sin intermediación de abogados particulares.
La postura de la jefa del Ejecutivo federal marca un claro contraste con quienes ahora impulsan la demanda penal: mientras las familias hablan de la necesidad de autonomía en la defensa de sus derechos y de participación directa en la investigación, el gobierno federal promueve una canalización de las inquietudes a través de mecanismos institucionales estatales. Las declaraciones oficiales también han sostenido que hasta ahora no hay inconformidad manifiesta más allá de la exigencia de justicia, y que existe contacto directo con cada familia afectada, con entrega de apoyos iniciales.
Este choque de perspectivas —el derecho a la representación legal privada frente a la preferencia estatal por mecanismos gubernamentales— marca la siguiente etapa del caso y pone en el centro del debate la forma en que el Estado atiende tragedias de gran impacto social y el papel que juegan tanto el acceso a la justicia como las herramientas de protección institucional para las víctimas. La apertura de la FGR a esta denuncia penal representará un punto clave para medir hasta qué grado se puede avanzar en el esclarecimiento de responsabilidades, no sólo en lo que respecta a las causas técnicas del accidente, sino también en torno a la transparencia y rendición de cuentas en proyectos de infraestructura de alto perfil.
La tragedia del Tren Interoceánico, que ha mantenido firme la atención nacional e internacional tanto por sus consecuencias humanas como por las interrogantes que plantea sobre la seguridad y supervisión de obras públicas, continúa generando un intenso debate político y jurídico, con implicaciones que podrían extenderse más allá de la reparación de daños individuales hacia posibles reformas en la gestión de proyectos estratégicos del país.
