Opinión por: Luis Felipe García Chávez
Predial agrícola=Justicia social
El primer paso hacia la justicia es la empatía.
Anónimo
El año pasado, en Toluca y en todo el país, hubo y seguramente habrá discusiones sobre las políticas públicas que en materia fiscal se aplican en los tres órdenes de gobierno y que algunos consideramos injustas y meramente recaudatorias.
En el caso del Gobierno Federal, en el paquete fiscal 2026 se aplican, entre otros, ajustes al IEPS a gasolinas, con aumento del 3.1% sobre producción y servicios a gasolinas, tabacos y bebidas azucaradas; aumento al arancel a importación, hasta en un 62% a productos vendidos por Internet y otras mercancías extranjeras.
En Toluca, a partir de la inconformidad ciudadana, el que esto escribe posiciono dos temas. El primero, la negativa por parte de la administración a mantener la condonación histórica del 98% al predial aplicado a terrenos agrícolas, beneficio que por más de 15 años incentivó la labor campesina que existe en el municipio.
El segundo, un incremento proyectado de hasta 40% en el impuesto predial, derivado de actualizaciones a los valores catastrales, aplicado a zona comercial, empresarial y habitacional de forma retroactiva hasta por cinco años.
Es justo reconocer respecto al “predial agrícola” que, tras el debate generado, el alcalde Ricardo Moreno Bastida -al final de la octava sesión extraordinaria de cabildo del pasado 6 de febrero- recomendó a los contribuyentes no realizar el pago del predial agrícola hasta que se apruebe una alternativa justa, mostrando sensibilidad ante el tema.
Respecto a la aplicación retroactiva por 5 años del predial por actualización catastral, se han recibido múltiples inconformidades.
Basta un ejemplo: aun suponiendo sin conceder que sean correctas dichas actualizaciones, ¿por qué los incrementos sí se aplican retroactivamente y los beneficios, como el descuento del 38% para adultos mayores o viudas que han pagado puntual y año con año, ¿no?
Seguiremos exponiendo los temas y recibiendo las inquietudes de los ciudadanos, porque creemos que una administración que pretende caracterizarse como progresista, humanista y cercana a la gente, debe generar la percepción que el gobierno en general, pero que la tesorería en particular debe actuar con flexibilidad, sentido común y transparencia y no aplicar de manera rígida políticas públicas poco transparentes, sin indicadores técnicos poco claros y socializados incorrectamente.
Y si no, que digan lo contrario.
(1) Basado en los datos de la Secretaría del Campo Estatal y estadística del INEGI/SIAP de 2023.
* Las declaraciones y opiniones expresadas en este artículo son de exclusiva responsabilidad de quien las escribe y firma, y no representan el punto de vista de Enboga.
