En los pasillos del edificio del Senado de la República comenzó a circular un cargamento inusual durante la primera semana de diciembre: 13 cajas con 20 ejemplares cada una del libro Grandeza, dirigido a cada uno de los senadores del grupo parlamentario de Morena. Ese envió, gestionado por Adán Augusto López Hernández —coordinador de la bancada morenista—, totaliza 260 libros por legislador, lo que representa 17 420 ejemplares entregados en conjunto.
El coste comercial del libro, publicado por Editorial Planeta, asciende a 448 pesos por unidad. Haciendo un cálculo simple, la adquisición pudo haber implicado una erogación cercana a los 7.6 millones de pesos.
Aunque Adán Augusto ha afirmado que la compra se hizo con “recursos propios” y no con fondos públicos del Senado ni del grupo parlamentario, varios medios señalan que el desembolso fue financiado con dinero del erario público. La entrega formal de los libros se acompañó con una tarjeta firmada por el propio senador López Hernández, dirigida a nombre de cada legislador.
La justificación dada por los legisladores de Morena a este movimiento fue que los ejemplares se entregarían como “obsequios navideños” a simpatizantes y ciudadanos en sus entidades de representación, como parte de su acción de proximidad social. Sin embargo, la operación ha levantado cuestionamientos: la compra masiva de un libro ligado al expresidente López Obrador, distribuido por sus propios correligionarios, mezcla publicidad, autopromoción y un posible uso de recursos públicos con fines políticos.
La controversia se enciende cuando se compara con protocolos de austeridad y racionalidad del gasto público. Gastar varios millones de pesos en un texto ideológico —aunque de circulación comercial— para su distribución masiva despierta dudas sobre prioridad y utilidad de ese gasto. Más aún, cuando el destinatario final de esos libros —la ciudadanía— podría interpretarlo como un acto de proselitismo adelantado bajo la apariencia de “regalo cultural”.
Analistas consultados advierten que acciones como esta podrían sentar precedentes peligrosos: usar recursos públicos para impulsar el legado de un expresidente mediante distribución masiva de su obra literaria, cuando la función del erario debería orientarse a servicios, infraestructura o bienestar social, no a fortalecer la difusión de ideas políticas. En ese contexto, la compra de Grandeza no es sólo un gasto cuantificable en millones de pesos: es una decisión con implicaciones éticas y políticas que pone en entredicho la separación entre poder, propaganda y patrimonio público.
