Lo que inició como una labor de rescate tras el derrumbe de un inmueble dañado por los sismos de 1985 y 2017 en la Calzada San Antonio Abad, ha escalado a una crisis política y administrativa de alto nivel. A menos de 24 horas de concluir las labores de recuperación de los cuerpos de tres trabajadores, la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, lanzó una serie de acusaciones directas contra el Gobierno de la Ciudad de México, señalando una cadena de negligencias y autorizaciones que, según sus palabras, “costaron vidas”.
La negación de permisos A través de un video difundido en sus canales oficiales, Rojo de la Vega mostró documentos que integran el expediente del predio ubicado en San Antonio Abad 124. Según la funcionaria, la alcaldía Cuauhtémoc emitió una resolución negativa a la solicitud de demolición en meses pasados, argumentando que la empresa constructora no presentó un Programa Interno de Protección Civil ni garantizó medidas de mitigación para los 57 vecinos de los edificios colindantes, quienes finalmente tuvieron que ser evacuados tras el siniestro.
“Nosotros dijimos no, porque no había seguridad para los trabajadores ni para los vecinos”, sentenció la alcaldesa. Sin embargo, la denuncia sube de tono al señalar que el Gobierno Central, haciendo uso de acuerdos de “facilidades administrativas” vigentes desde 2018 para la reconstrucción, permitió que los trabajos avanzaran ignorando la postura de la autoridad local.
El colapso ocurrió la tarde del lunes 9 de marzo y las labores de rescate se extendieron hasta la madrugada del martes 10. Los peritajes preliminares indican que el edificio de cinco niveles sufrió una falla estructural cuando las losas de los pisos superiores colapsaron en cadena sobre el personal. La omisión de estudios de protección civil y la falta de un apuntalamiento técnico adecuado son las causas principales que investiga la Fiscalía General de Justicia (FGJCDMX).
Por su parte, la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, ha rechazado que el incidente tenga relación con las obras públicas de la zona (como el Parque Elevado) y enfatizó que la responsabilidad recae en la empresa privada. No obstante, el discurso del gobierno central ha virado hacia la corresponsabilidad de las alcaldías, exigiendo que estas “fortalezcan la supervisión” de las demoliciones en su territorio, una facultad que, según la ley, la alcaldía Cuauhtémoc debió ejercer independientemente de quién otorgara el permiso.
El caso ha reabierto la herida de la corrupción inmobiliaria en la capital. Mientras los defensores de Rojo de la Vega resaltan que la alcaldía cumplió con la ley al negar el permiso, sus críticos señalan que la demarcación tiene la autoridad de clausurar cualquier obra sospechosa en la vía pública, independientemente de los permisos centrales. La falta de sellos de clausura antes del derrumbe es el punto donde el Gobierno de la CDMX intenta fincar la responsabilidad de la alcaldía.
La tragedia de San Antonio Abad se convierte así en un nuevo campo de batalla política donde la transparencia administrativa y la seguridad de los ciudadanos parecen haber quedado atrapadas entre dos niveles de gobierno que, lejos de coordinarse, hoy se enfrentan con documentos en mano.
