Estados Unidos vinculó a la diputada federal de Morena por Baja California, Hilda Araceli Brown, con el Cártel de Sinaloa, en un señalamiento que abre un nuevo frente en la relación bilateral en materia de seguridad y que coloca bajo presión al partido en el poder. De acuerdo con la información difundida este jueves, la legisladora habría participado en actividades relacionadas con la organización crimina.
Brown, quien representa a Morena en la Cámara de Diputados, se convierte así en la primera figura de la bancada oficialista en ser señalada directamente por autoridades estadounidenses en el marco de investigaciones contra el narcotráfico. El caso adquiere especial relevancia por el peso histórico del crimen organizado en Baja California y por la cercanía política de la legisladora con las estructuras locales de poder.
La acusación de Washington abre interrogantes sobre los pasos que dará el gobierno mexicano. Como diputada federal, Brown goza de fuero constitucional, lo que obliga a un proceso de desafuero en caso de que se decida avanzar judicialmente en su contra. Morena, por su parte, se ve obligado a fijar una postura clara para evitar que el caso mine su narrativa de combate a la corrupción y al crimen organizado.
Aunque el señalamiento se centra en una presunta relación con el Cártel de Sinaloa, no se conocen aún los elementos específicos de la investigación. No hay claridad sobre si se trata de testimonios, interceptaciones o documentos financieros, ni tampoco si se ha iniciado un proceso penal en cortes estadounidenses.
La diputada declaró desconocer el caso y se mostró “sorprendida”:
El caso se inserta en un contexto delicado para México, donde las acusaciones contra figuras políticas suelen convertirse en armas de confrontación partidista. Más allá de la batalla política, la implicación de una legisladora en actividades del narcotráfico plantea serias dudas sobre la capacidad del Estado para blindar a sus instituciones de la infiltración criminal. Estados Unidos, al hacer pública la vinculación, presiona a las autoridades mexicanas a dar una respuesta que combine la legalidad con un mensaje claro de que no habrá impunidad, mientras en Baja California el caso amenaza con sacudir el panorama electoral y la confianza ciudadana en las instituciones.
Por su parte, el diputado y coordinador de la bancada morenista, Ricardo Monreal dijo que el bloqueo es una medida administrativa, no una sentencia, además de señalar que debe respetarse la presunción de inocencia y el debido proceso.
