El ministro en retiro Javier Laynez advirtió que la iniciativa presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum para modificar la Ley de Amparo coloca en el centro a la autoridad y no a los ciudadanos, al tiempo que limita la capacidad de los jueces para proteger sus derechos. En entrevista en el noticiero de Ciro Gómez Leyva, el exministro de la Suprema Corte señaló que, aunque la propuesta contempla aspectos positivos como la digitalización del amparo y la reducción de plazos, en esencia busca “facilitarle a la autoridad sus actividades” y restringir el alcance del juicio de amparo, lo cual está explícito en la exposición de motivos de la iniciativa.
Laynez puso como ejemplo las disposiciones que impedirían otorgar suspensiones cuando estén en juego permisos, licencias o concesiones de cualquier tipo, ya sea a nivel municipal, estatal o federal. “Eso significa que, si a un ciudadano le revocan un permiso sin justificación o le clausuran un negocio sin razón, no podría acudir al amparo para detener el acto. Es todo el amparo administrativo lo que está en riesgo”, alertó. Con ironía, agregó que prácticamente cualquier actividad requiere hoy en día de algún tipo de autorización, “menos respirar”.
Otro punto que calificó como preocupante es la inclusión de actos relacionados con operaciones con recursos de procedencia ilícita, lo que en los hechos, dijo, busca blindar los congelamientos de cuentas por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). Laynez recordó que la Suprema Corte ha establecido que estos congelamientos no son válidos cuando provienen de una autoridad administrativa, pues la UIF no cuenta con facultades expresamente previstas en la ley para imponerlos. “Una cosa es que lo haga un juez o el Ministerio Público en un proceso penal, y otra que lo haga la UIF de manera discrecional, sin procedimiento y sin justificación”, señaló.
El exministro consideró indispensable que estas modificaciones se discutan en un Parlamento abierto y en foros públicos, dado que afectan directamente la protección de los derechos ciudadanos. “Si uno analiza lo que se está proponiendo, sí suena a limitar las atribuciones que hoy tienen los órganos jurisdiccionales en protección del ciudadano”, concluyó.
