El pasado jueves 12 de marzo de 2026, durante la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubon, envió un mensaje de calma a los mercados internacionales y al sector exportador nacional. La intervención del funcionario ocurrió en un momento de incertidumbre global, derivado del anuncio de la administración estadounidense sobre el inicio de investigaciones comerciales bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974.
Se trata de una herramienta legal que otorga al gobierno de Estados Unidos la facultad de investigar y aplicar sanciones comerciales o aranceles unilaterales contra países cuyas políticas o prácticas comerciales se consideren injustas, discriminatorias o violatorias de acuerdos internacionales.
Ebrard fue enfático al declarar que, a pesar de que México fue incluido en una lista de 16 economías bajo observación por “exceso de capacidad industrial” y “temas laborales”, el impacto para el país será marginal. Según los datos presentados por la Secretaría de Economía, el 85% del intercambio comercial entre México y Estados Unidos está amparado estrictamente por las reglas del T-MEC, lo que significa que la gran mayoría de los productos mexicanos seguirán cruzando la frontera “sin arancel”.
Uno de los puntos más relevantes de la declaración de Ebrard fue la revelación de que el gobierno de los Estados Unidos, a través del Representante Comercial (USTR) encabezado por Jamieson Greer, notificó previamente a México sobre estas medidas. “Sí nos dijeron y nos explicaron para que no nos tomara desprevenidos o que pudiéramos pensar que cambiaba las reglas que ya tenemos acordadas”, señaló el secretario.
Esta comunicación previa sugiere que, lejos de una ruptura, existe un canal abierto de negociación técnica. Según Ebrard, el objetivo de Washington con la Sección 301 es encontrar un sustento jurídico para sustituir gravámenes de emergencia que fueron invalidados recientemente por la Corte Suprema de Estados Unidos, buscando regresar a un “estatus quo” previo sin vulnerar los acuerdos del tratado de América del Norte.
Tras su intervención en la “Mañanera”, Ebrard se trasladó a la LXXVIII Asamblea General Ordinaria de la CANACERO (Cámara Nacional de la Industria del Hierro y del Acero). Allí, ante líderes industriales, profundizó en la táctica de defensa comercial: la renovación de aranceles al acero y el ajuste al programa Immex (Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación).
El secretario advirtió que no se permitirá que México sea utilizado como un puente de triangulación para productos provenientes de Asia que no cumplen con los estándares regionales. “Es obligatorio comprarlos aquí o pagar sus aranceles”, sentenció, refiriéndose a la necesidad de aumentar el contenido nacional en las cadenas de suministro para evitar que las investigaciones de EE. UU. encuentren justificación en territorio mexicano.
Estas declaraciones forman parte de la preparación para la primera ronda de conversaciones metodológicas que iniciarán formalmente el lunes 16 de marzo. El objetivo es llegar a la revisión del T-MEC el 1 de julio de 2026 con una postura sólida que garantice la permanencia del acuerdo hasta 2042.
Ebrard concluyó que el dinamismo de la economía mexicana, que hoy ocupa el lugar 17 en el Índice de Complejidad Económica, permite negociar desde una posición de fuerza y no de debilidad. Para el secretario, la “certidumbre” que pide el sector privado se construye protegiendo la legalidad del tratado y demostrando que México es el socio más confiable y transparente para la seguridad nacional de los Estados Unidos.
