La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, reafirmó la postura de su gobierno respecto a la naturaleza jurídica de los grupos del narcotráfico que operan en el país y sostuvo que el Estado mexicano no puede aceptar que dichas organizaciones sean catalogadas como terroristas, al considerar que sus objetivos y características no corresponden a la definición establecida en la legislación nacional.
Durante sus declaraciones, la mandataria dejó claro que rechazar esa clasificación no implica minimizar la gravedad de los delitos cometidos por los cárteles ni reducir la responsabilidad penal que enfrentan. Por el contrario, enfatizó que estas organizaciones continúan siendo consideradas grupos delictivos que representan una amenaza para la seguridad pública y que deben ser combatidos mediante los instrumentos legales y de seguridad del Estado mexicano.
“Nosotros no podemos aceptar que se les llame terroristas a los grupos del narco”, expresó la titular del Ejecutivo federal al explicar que la legislación mexicana establece diferencias precisas entre las actividades del crimen organizado y los actos de terrorismo. Según argumentó, el concepto de terrorismo contenido en el marco jurídico nacional está vinculado a acciones dirigidas deliberadamente contra la población civil con la finalidad de desestabilizar o derribar gobiernos, así como de alterar el orden institucional mediante el uso de la violencia con fines políticos.
La presidenta señaló que las organizaciones dedicadas al narcotráfico persiguen objetivos distintos a los contemplados en esa definición legal. En ese sentido, sostuvo que la denominación de terroristas no corresponde a la naturaleza de estos grupos conforme a lo establecido en el Código Penal y otras disposiciones jurídicas vigentes en México.
Las declaraciones de Sheinbaum se producen en un contexto de debate internacional sobre la estrategia para combatir a los cárteles mexicanos y en medio de discusiones surgidas a partir de propuestas impulsadas desde Estados Unidos para designar a determinadas organizaciones criminales como grupos terroristas. La mandataria recordó que este tema ha generado tensiones diplomáticas y preocupaciones relacionadas con el respeto a la soberanía nacional.
La jefa del Estado mexicano señaló que la posibilidad de que autoridades extranjeras adopten medidas unilaterales bajo el argumento de combatir organizaciones consideradas terroristas obligó a México a fortalecer mecanismos legales para impedir cualquier forma de intervención en asuntos internos. En ese contexto, recordó que se realizaron modificaciones constitucionales encaminadas a reforzar la protección de la soberanía nacional frente a eventuales acciones externas que pudieran vulnerar las facultades exclusivas del Estado mexicano.
La discusión sobre la clasificación de los cárteles ha ocupado un lugar relevante dentro de la agenda bilateral entre México y Estados Unidos, especialmente en temas relacionados con seguridad, combate al tráfico de drogas y cooperación transfronteriza. Aunque ambos gobiernos mantienen mecanismos de coordinación en estas materias, la administración de Sheinbaum ha insistido en que cualquier esfuerzo conjunto debe desarrollarse bajo principios de respeto mutuo, cooperación y no intervención.
La presidenta también hizo referencia a episodios recientes que han generado fricciones en la relación bilateral, entre ellos señalamientos y acusaciones vinculadas con presuntos nexos entre actores políticos y organizaciones criminales, así como controversias relacionadas con actividades de inteligencia en territorio mexicano. Estos acontecimientos, afirmó, han puesto a prueba la relación entre ambas naciones y han reforzado la necesidad de establecer límites claros respecto a las competencias de cada país.
