La propuesta de reforma electoral promovida por la presidenta Claudia Sheinbaum ha encendido un debate profundo en el corazón de la vida democrática mexicana, no sólo entre partidos políticos y legisladores, sino también en círculos especializados de academia y gestión electoral. Entre las críticas más ponderadas y con mayor peso institucional se encuentran las de destacados exconsejeros del Instituto Federal Electoral (IFE) y del Instituto Nacional Electoral (INE), como José Woldenberg, Luis Carlos Ugalde y Leonardo Valdés Zurita, cuyas trayectorias en la construcción del sistema electoral mexicano le dan un matiz técnico y crítico a la discusión.
José Woldenberg, quien fuera el primer presidente del IFE tras su creación en 1990, ha subrayado en documentos públicos y desplegados que cualquier reforma de esta magnitud debe surgir de un amplio consenso nacional y no de una decisión unilateral de la mayoría legislativa. En un pronunciamiento conjunto con otros exconsejeros, Woldenberg defendió que la reforma debe respetar “los más altos estándares de integridad electoral” y preservar la autonomía del INE, advirtiendo que no basta con los votos en el Congreso, sino que es esencial incorporar la voz de las minorías para fortalecer la democracia mexicana. Además, en entrevista el día de ayer declaró que “México esta edificando un régimen autoritario” y que estamos ante “la cereza envenenada del pastel autoritario”.
Luis Carlos Ugalde, exconsejero presidente del IFE en momentos determinantes de la historia democrática reciente, ha sido igualmente enfático en su crítica. Ugalde ha alertado que ciertos elementos de la propuesta —como la posible eliminación de reglas que aseguran la representación proporcional o la reducción de recursos para el INE— podrían erosionar la independencia operativa del instituto electoral. Según los pronunciamientos difundidos, Ugalde considera que la reforma corre el riesgo de desmantelar estructuras que han costado décadas construir, abriendo brechas para que el órgano electoral quede expuesto a presiones políticas, particularmente del partido gobernante.
Leonardo Valdés Zurita, quien dirigió el IFE entre 2008 y 2013, ha aportado en estos pronunciamientos una perspectiva histórica sobre la evolución del sistema electoral. Valdés ha insistido en que el modelo actual, producto de múltiples reformas a partir de finales del siglo XX, se consolidó como un equilibrio que redujo el control autoritario del poder sobre las elecciones. Su preocupación gira en torno a las propuestas que puedan reducir la profesionalización y la imparcialidad del servicio electoral, así como a las figuras que plantean la elección popular de autoridades electorales sin mecanismos claros de evaluación técnica.
Este trípode de voces —Woldenberg, Ugalde y Valdés Zurita— a la que también se ha sumado Lorenzo Córdova, coincide en varios puntos centrales: la necesidad de que cualquier reforma electoral sea producto de diálogo y acuerdos amplios, la preservación de la autonomía y capacidad técnica del INE, y la importancia de garantizar la representación plural en el sistema político mexicano. En sus pronunciamientos, han rechazado propuestas que implicarían la elección directa de consejeros y magistrados electorales o ajustes drásticos en la asignación de escaños que pudieran favorecer a la mayoría legislativa sobre la pluralidad política, y han subrayado el valor de mecanismos que mantengan la imparcialidad e independencia de la autoridad electoral.
Las advertencias de estos exconsejeros se han convertido en elementos clave del debate público, articulando una crítica que trasciende las disputas partidistas para centrarse en la solidez institucional y la calidad democrática del país. A medida que la iniciativa de reforma se discute en comisiones y foros especializados, las voces técnicas de quienes dirigieron el órgano electoral cobran relevancia como punto de referencia para una discusión que muchos sectores consideran crucial para el futuro de la democracia mexicana.
