La relación entre el Poder Ejecutivo y la nueva Suprema Corte volvió a tensarse por un asunto que, más allá de las cifras presupuestales, toca uno de los temas que han acompañado la transformación del Poder Judicial: los privilegios de la alta burocracia y el uso de recursos públicos para financiar prestaciones que no están disponibles para la mayoría de los trabajadores del país.

Durante su conferencia matutina, Claudia Sheinbaum expresó abiertamente su desacuerdo con la decisión incluida en el anteproyecto de presupuesto de la Suprema Corte para 2027, que contempla una previsión para contratar nuevamente un seguro de gastos médicos mayores para el personal del máximo tribunal.

“No está bien que el recurso público se utilice para el seguro de gastos médicos mayores”, sostuvo la Presidenta, al defender la idea de que los servidores públicos deben utilizar las instituciones públicas de salud o, en caso de que quieran una cobertura privada, pagarla con sus propios ingresos. Sus declaraciones fueron reportadas este miércoles en el contexto de la polémica que desde hace días divide a los integrantes de la nueva Corte.

La controversia no surgió de una decisión de los ministros para otorgarse nuevamente el seguro de manera personal. La propia Suprema Corte precisó que la previsión presupuestaria aprobada por mayoría contempla la contratación del seguro para todo el personal de la institución, con excepción de las ministras y los ministros. La medida, además, estaría condicionada a la disponibilidad presupuestal y a la eventual aprobación del presupuesto por la Cámara de Diputados.

Sin embargo, el episodio adquirió una dimensión política porque la restitución de esta prestación fue cuestionada desde dentro de la propia Corte por la ministra Lenia Batres Guadarrama, quien reveló que el anteproyecto aprobado por el Pleno incluye nuevamente el seguro para más de 300 personas servidoras públicas, principalmente mandos medios y superiores, una prestación que, de acuerdo con su denuncia, había sido eliminada el año pasado.

El debate tiene un antecedente que vuelve especialmente incómoda la discusión para la nueva integración de la Corte. Cuando comenzó funciones el nuevo Pleno, el ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz anunció una política de austeridad y aseguró que se buscaría eliminar gastos considerados excesivos. Entre las medidas planteadas estuvo precisamente la eliminación del seguro de gastos médicos mayores para las ministras y los ministros, quienes pasarían a utilizar los servicios del ISSSTE.

En aquella apertura de funciones, la nueva Corte sostuvo que los recursos públicos debían concentrarse en las tareas sustantivas del Poder Judicial y que se eliminarían apoyos adicionales considerados innecesarios. El discurso fue presentado como una ruptura con prácticas de la anterior integración.

Por eso, la reacción de Sheinbaum no se limitó al monto del seguro. La Presidenta interpretó la decisión como una señal de que la nueva Corte podría estar recuperando prácticas que, durante su llegada, había prometido dejar atrás.

“Algo pasa cuando entran ahí a ese edificio. Como que se transforman, han de estar embrujados”, ironizó Sheinbaum al referirse a los cambios de postura que, desde su perspectiva, han ocurrido dentro del máximo tribunal.

La frase condensó el reclamo político de la mandataria: una nueva integración de la Suprema Corte, surgida de la reforma judicial y elegida mediante voto popular, debería mantener una conducta distinta frente al gasto público y los beneficios para sus integrantes y trabajadores.

El asunto también se inserta en una discusión más amplia sobre el presupuesto solicitado por la Corte para 2027. El máximo tribunal aprobó un anteproyecto por 6 104.5 millones de pesos, cifra que la institución ubica como un incremento de 12.7 por ciento respecto del presupuesto que actualmente ejerce. La ministra Batres, en cambio, calculó el aumento en 17.2 por ciento al compararlo con otra base presupuestaria. La diferencia en las cifras se convirtió en otro punto de confrontación dentro del Pleno.

La Suprema Corte ha defendido su propuesta bajo argumentos de operación institucional, mantenimiento, infraestructura, tecnología y derechos laborales. De acuerdo con su explicación, ocho de cada diez pesos del incremento solicitado estarían destinados a sueldos y prestaciones de los trabajadores, y aseguró que las remuneraciones del personal no exceden las de la Presidenta de la República.

La institución también recordó que durante 2025 y 2026 enfrentó reducciones respecto de los recursos originalmente solicitados. Para 2025, afirmó, el recorte fue de 714.4 millones de pesos, equivalente a 12 por ciento, mientras que para 2026 alcanzó 661 millones, es decir, 11.2 por ciento. En ese contexto, argumentó que el presupuesto para 2027 busca garantizar la operación de la institución y atender necesidades que considera indispensables.

Pero para Sheinbaum, la discusión sobre el seguro médico tiene un componente distinto. No se trata únicamente de determinar si existe disponibilidad presupuestal o si la prestación puede justificarse como parte de las condiciones laborales. Se trata, en su lectura, de establecer hasta dónde puede llegar el uso de dinero público para financiar servicios privados de quienes trabajan en una de las instituciones más poderosas del Estado mexicano.

La Presidenta planteó que, si un servidor público desea contar con atención médica privada, debería asumir el costo con su propio salario. Su argumento busca colocar el debate en una dimensión de igualdad: mientras millones de trabajadores dependen de los servicios públicos de salud o deben pagar de su bolsillo consultas, medicamentos y tratamientos, los funcionarios no deberían contar con una cobertura privada financiada por el erario.

La discusión, sin embargo, no es nueva dentro del Poder Judicial. Documentos históricos de la propia Suprema Corte muestran que el seguro de gastos médicos mayores fue durante años una prestación contemplada para servidores públicos del tribunal, con coberturas que incluían al trabajador y, bajo determinadas condiciones, a familiares.

La nueva etapa de la Corte pretendió marcar distancia con ese esquema. En septiembre de 2025, al iniciar funciones el nuevo Pleno, se anunció expresamente la eliminación del seguro de gastos médicos mayores y del seguro de jubilación anticipada para ministras y ministros, además del compromiso de reducir apoyos adicionales y ajustar remuneraciones al mandato constitucional.

Ahora, menos de un año después, el regreso del seguro para parte del personal vuelve a colocar sobre la mesa la pregunta de cuánto de aquella promesa de austeridad permanece intacto.

Así, el seguro de gastos médicos mayores terminó convirtiéndose en mucho más que una partida presupuestal. Es ahora un símbolo de la disputa por definir qué significa la austeridad para el nuevo Poder Judicial y hasta dónde debe llegar la transformación de una institución que llegó al nuevo ciclo constitucional prometiendo una relación diferente con el dinero público.

El mensaje de Sheinbaum fue directo: la renovación de la Corte no debería significar únicamente el cambio de quienes ocupan los cargos, sino también una transformación de las prácticas y prioridades con las que se administra el presupuesto.