El Senado de la República aprobó la reforma al artículo 19 de la Constitución que incluye la extorsión, el tráfico de fentanilo y la falsificación de comprobantes fiscales entre los delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa. Con 94 votos a favor y 34 en contra, la propuesta alcanzó la mayoría calificada requerida y fue turnada a los congresos estatales para su ratificación.
Durante la sesión, que se extendió por seis horas y media, senadores de Movimiento Ciudadano, PAN y PRI, y Morena presentaron reservas al dictamen. Sin embargo, estas fueron rechazadas y los artículos reservados fueron aprobados con 93 votos a favor y 35 en contra, dejando el texto final en los términos originales.
Legisladores de Morena, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT) defendieron que la reforma responde al incremento de estos delitos y busca proteger a la ciudadanía. Por su parte, las bancadas del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano señalaron que la prisión preventiva oficiosa vulnera derechos humanos y permite el uso discrecional de la justicia.
La senadora Lucía Trasviña Waldenrath, de Morena, sostuvo que esta medida es necesaria para enfrentar delitos graves. “Es una medida excepcional, sí, pero indispensable”, afirmó, al argumentar que la reforma cerrará la puerta a la impunidad.
Andrea Chávez Treviño, también de Morena, recordó que en mayo los gobernadores de los 31 estados y la jefa de Gobierno de la Ciudad de México respaldaron ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la figura de prisión preventiva. Además, pidió a los legisladores que se oponen a esta reforma “no ser parte del problema” al rechazar “ser parte de la solución”.
El senador, Clemente Castañeda Hoeflich, de Movimiento Ciudadano, advirtió sobre los efectos adversos de la prisión preventiva oficiosa, especialmente en las personas más vulnerables. Señaló que la población penitenciaria en México creció de 196 mil personas en 2018 a 233 mil en 2023, de las cuales casi 87 mil no han recibido sentencia.
Por el PAN, Francisco Javier Ramírez Acuña manifestó que su bancada respalda la prisión preventiva, pero solo cuando esté debidamente justificada. Criticó que esta medida pueda ser utilizada de manera arbitraria: “No podemos avalar con nuestro voto el poder de las fiscalías de encarcelar a cualquier ciudadano víctima de la invención de delitos, de la fabricación de carpetas de investigación, de la siembra de pruebas falsas o de denuncias anónimas”.
Desde el PVEM, la senadora Juanita Guerra Mena aseguró que la reforma responde a las demandas de la población y enfatizó la necesidad de que los jueces apliquen la medida con base en principios sólidos del proceso penal.
Por su parte, Karla Guadalupe Toledo Zamora, del PRI, señaló que la prisión preventiva oficiosa contradice las recomendaciones de organismos internacionales y afirmó que “desvirtúa el principio de la justicia”, castigando a personas que aún no han sido declaradas culpables.
Geovanna Bañuelos de la Torre, del PT, subrayó la urgencia de enfrentar delitos como la extorsión, que ha crecido de forma alarmante. Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en 2022 se registraron más de 10 mil casos de este delito.
El dictamen ahora será analizado por las legislaturas estatales, cuya ratificación es necesaria para que las modificaciones al artículo 19 de la Constitución entren en vigor.
