La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) rechazó imponer a Morena una orden para modificar los lineamientos internos que condicionan a sus militantes de emitir críticas públicas contra otros miembros o las decisiones colectivas del partido.
La nueva regla que avaló el TEPJF define como “conducta contraria a los principios del movimiento” el “emitir declaraciones públicas que desacrediten a otras personas militantes o las decisiones colectivas del movimiento sin agotar previamente las instancias internas del partido”.
La resolución, dada a conocer este 30 de octubre de 2025, marca un precedente relevante en la tensión interna de los partidos políticos: por una parte, la autonomía de los institutos para establecer sus propias normas de disciplina; por otra, los límites de la libertad de expresión de sus militantes. El órgano electoral, aunque reconoció el carácter sancionable del reglamento, determinó que no era procedente ordenar su modificación inmediata.
Desde la perspectiva de la dirección de Morena, encabezada en lo nacional por Maria Luisa Alcalde, la regla fortalece la cohesión y evita la dispersión de mensajes que puedan llegar a desgastar la imagen colectiva del movimiento. Fuentes partidarias consultadas señalan que la norma busca que las críticas internas se canalicen a través de órganos partidistas y no por medios públicos o redes sociales, donde podrían alimentar conflictos o rupturas visibles.
Sin embargo, la decisión ha despertado fuertes señalamientos por parte de la oposición política, organizaciones de la sociedad civil y analistas de derecho electoral, quienes ven en el fallo un riesgo para la libertad de expresión de los militantes y una forma de control interno que podría traducirse en un abordaje restrictivo del disenso. “Se corre el riesgo de que cualquier crítica legítima sea considerada como falta disciplinaria”, advierten.
La resolución del TEPJF ocurre en un momento en que Morena enfrenta tensiones internas en varias entidades del país, donde militantes y grupos críticos han señalado presiones para alinearse con las decisiones partidistas oficiales. Aunque el tribunal no impuso la modificación del reglamento, su aval deja sin efecto una posible objeción directa al lineamiento disciplinario.
Para los especialistas en materia electoral, la clave estará en cómo se aplique la norma en la práctica. Si las sanciones comienzan a desplegarse de modo extensivo contra militantes que expresen desacuerdo, entonces el tema se convertirá en objeto de futuras impugnaciones y de debates más amplios sobre los corporativismos partidistas y los derechos internos de los miembros del partido.
En definitiva, el TEPJF —al no ordenar corregir la regla de Morena— ha permitido que el partido mantenga una herramienta de control sobre la expresión pública de sus integrantes, al tiempo que reabre la discusión sobre hasta dónde puede un instituto político limitar la voz de quienes le pertenecen sin incurrir en vulneraciones a los derechos fundamentales.
