En un golpe que sacude los cimientos políticos de México, el Departamento de Justicia de Estados Unidos lanzó una acusación explosiva contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y un grupo de altos funcionarios y exfuncionarios, señalándolos de haber tejido una presunta alianza con el Cártel de Sinaloa para traficar drogas hacia territorio estadounidense.
De acuerdo con el DOJ, la trama va más allá de la corrupción: se trata de una presunta red de poder donde autoridades habrían conspirado directamente con líderes criminales, intercambiando protección, favores políticos y sobornos a cambio de facilitar el envío de grandes cargamentos de narcóticos. La acusación es contundente: funcionarios de alto nivel —incluido el propio mandatario estatal— habrían operado como piezas clave dentro de esta estructura.
El escándalo escala aún más al señalar que “Los Chapitos”, hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán, habrían intervenido en la llegada de Rocha Moya al poder mediante secuestros e intimidación de adversarios políticos. Ya en el cargo, el gobernador habría sostenido reuniones con el grupo criminal, comprometiéndose a blindar sus operaciones de narcotráfico hacia Estados Unidos.
El caso, anunciado por el fiscal federal del Distrito Sur de Nueva York, Jay Clayton, y el jefe de la DEA, Terrance C. Cole, perfila un entramado que alcanza a figuras clave del poder en Sinaloa. Entre los acusados destacan el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez; el senador Enrique Inzunza; y el exsecretario de Finanzas, Enrique Díaz Vega, entre otros mandos policiacos y de seguridad.
Uno de los señalamientos más graves apunta a Dámaso Castro Zaávedra, subprocurador estatal, quien presuntamente recibía pagos mensuales del cártel a cambio de filtrar información y frenar operativos. Aún más brutal resulta el caso del excomandante Juan Valenzuela Millán, acusado de secuestro, tortura y asesinato de una fuente de la DEA, lo que podría costarle cadena perpetua. La acusación, que incluye a diez implicados —la mayoría aún en México—, se suma a una ofensiva judicial iniciada desde 2023 en Estados Unidos contra el Cártel de Sinaloa, que ya acumula más de 30 imputados. El mensaje es claro: la lupa está puesta no solo en el crimen organizado, sino en los presuntos vínculos que lo sostienen desde el poder.
