La ministra Yasmín Esquivel Mossa dejará de ser la encargada de elaborar el proyecto de resolución de un caso de alto impacto relacionado con la prisión preventiva oficiosa, luego de solicitar al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que la declarara impedida para continuar interviniendo en el expediente.
La decisión ocurrió después de que los afectados cuestionaran la imparcialidad de la ministra debido a declaraciones que realizó públicamente sobre el caso años atrás. Esquivel argumentó que sus expresiones previas podían comprometer su actuación objetiva en el proceso.
¿Por qué Yasmín Esquivel dejó el caso?
El origen de la solicitud se encuentra en declaraciones realizadas por la ministra durante la Feria Internacional del Libro de Guadalajara en 2022, cuando se refirió a los acusados como “estos angelitos” y señaló que, afortunadamente, el delito por el que estaban acusados los había mantenido en prisión.
Los quejosos consideraron que esas expresiones podían evidenciar una postura previa sobre su situación jurídica y presentaron recursos para cuestionar la participación de Esquivel en el expediente.
Ante este escenario, la ministra pidió formalmente al Pleno de la SCJN que determinara su impedimento para continuar conociendo el asunto.
El caso que estaba bajo su ponencia
El expediente corresponde al amparo directo 5/2025, relacionado con Daniel García Rodríguez y Reyes Alpízar Ortiz, quienes fueron detenidos en 2002 por el asesinato de María de los Ángeles Tamés, entonces regidora del municipio de Atizapán, Estado de México.
García Rodríguez ha sostenido que fue acusado injustamente y que el proceso estuvo marcado por irregularidades.
Uno de los aspectos que convirtió el caso en un referente de la discusión sobre la justicia penal en México fue el tiempo que ambos permanecieron privados de la libertad sin una sentencia.
Pasaron 17 años en prisión preventiva sin sentencia
Daniel García Rodríguez y Reyes Alpízar Ortiz permanecieron 17 años en prisión preventiva sin recibir una sentencia, un periodo que convirtió su caso en uno de los ejemplos más emblemáticos de los efectos de la prisión preventiva prolongada en México.
El expediente posteriormente llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que en 2023 determinó la responsabilidad del Estado mexicano por diversas violaciones a derechos humanos relacionadas con el proceso.
La resolución internacional también cuestionó el uso de la prisión preventiva oficiosa y estableció medidas que México debía adoptar para adecuar su marco jurídico y evitar afectaciones a los derechos de las personas sometidas a esta medida.
¿Qué pasará ahora con el expediente?
Con el impedimento de Yasmín Esquivel, el caso tendrá que ser asignado a otra ponencia de la Suprema Corte, que deberá hacerse cargo de la elaboración del nuevo proyecto de resolución.
El cambio de ponente implica que el análisis del expediente continuará bajo una nueva responsabilidad dentro del máximo tribunal del país.
Sin embargo, para los afectados y sus representantes, la salida de Esquivel también representa un nuevo retraso en la discusión de fondo sobre los alcances de la prisión preventiva oficiosa y el cumplimiento de las obligaciones establecidas para México a partir de la sentencia de la Corte Interamericana.
El caso adquiere especial relevancia porque la decisión que eventualmente adopte la SCJN podría contribuir al debate jurídico sobre la constitucionalidad y aplicación de una figura que durante años ha generado cuestionamientos de organismos nacionales e internacionales de derechos humanos.
