Luis de Llano Macedo, histórico productor de televisión vinculado durante décadas a Televisa y a proyectos como Timbiriche, fue detenido de manera temporal la tarde del miércoles 2 de septiembre de 2026 en la Ciudad de México. Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital ejecutaron dos órdenes emitidas por una jueza del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. El arresto se registró alrededor de las 18:13 horas y el productor fue trasladado al Centro de Sanciones Administrativas y de Integración Social “San Fernando”, ubicado en la alcaldía Tlalpan.
Según el comunicado del equipo legal de la cantante Sasha Sokol y la confirmación de la propia SSC-CDMX, las dos órdenes de arresto corresponden a medidas de apremio. Cada una impone 15 horas de privación de la libertad, acumulables, lo que suma un total de 30 horas. No se trata de una detención por el delito original de abuso, sino por el incumplimiento reiterado de una sentencia civil definitiva e inatacable dictada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Los abogados de Sokol precisaron que De Llano se ha negado a cumplir dos obligaciones específicas derivadas del fallo de la SCJN. La primera consiste en grabar y exhibir ante el juzgado una disculpa pública dirigida a la cantante. La segunda es publicar la síntesis de la sentencia en la que se confirmó su responsabilidad por daño moral, luego de que se determinara que Sokol fue víctima de abuso sexual cuando era menor de edad. El productor había ignorado durante meses requerimientos judiciales previos y multas, lo que derivó en la emisión de estas medidas de apremio contempladas en el Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México.
El origen del caso se remonta a inicios de la década de 1980, cuando Sasha Sokol, entonces integrante del grupo Timbiriche, tenía 14 años y Luis de Llano, de 39, fungía como productor y representante artístico. En marzo de 2022, tras declaraciones del productor en una entrevista, la cantante denunció públicamente que aquella relación había sido abusiva y marcada por una clara asimetría de poder. Días después anunció que iniciaría acciones legales.
Dado que la vía penal se encontraba prescrita por el tiempo transcurrido, Sokol presentó en 2022 una demanda civil por daño moral. El 10 de mayo de 2023 un juz de la Ciudad de México falló a su favor y condenó a De Llano a ofrecer una disculpa pública, pagar una indemnización destinada a una institución de apoyo a menores, tomar un curso especializado en prevención de violencia sexual y abstenerse de volver a mencionar a la cantante o el caso. El productor impugnó la resolución. Tras una serie de recursos, en octubre de 2024 la Suprema Corte atrajo el asunto por su relevancia constitucional.
El 25 de junio de 2025 la Primera Sala de la SCJN resolvió por unanimidad negar el amparo promovido por De Llano y dejar firme la condena civil. El fallo estableció un precedente relevante: en casos de abuso sexual cometido contra menores de edad, la acción civil por daño moral no prescribe. A pesar de la sentencia definitiva, durante más de un año el productor no cumplió con las obligaciones de reparación. En junio de 2026, al cumplirse un año del fallo de la Corte, Sasha Sokol denunció públicamente el incumplimiento y cuestionó cuánto tiempo más debía esperar para que se hiciera efectiva la reparación.
El equipo legal de la cantante advirtió que las órdenes de arresto no son un hecho aislado ni sorpresivo, sino el resultado de meses de desacato, multas ignoradas y requerimientos desatendidos. Si De Llano persiste en su negativa una vez cumplido el arresto administrativo, podría configurarse el delito de desacato a un mandato judicial, cuya pena puede llegar hasta cinco años de prisión. Por el momento, la medida es exclusivamente administrativa y temporal. Tras las 30 horas, el productor deberá ser puesto en libertad, aunque la obligación de cumplir la sentencia permanece vigente.
La detención representa un nuevo capítulo en un proceso que ha durado más de cuatro años desde la denuncia pública y más de cuatro décadas desde los hechos originales. Para Sokol y su representación legal, el arresto constituye un avance en la exigencia de cumplimiento de una resolución judicial firme. Para las autoridades capitalinas, se trata de la ejecución ordinaria de medidas de apremio previstas en la ley para hacer valer las determinaciones de los tribunales.
