El paro de labores en el Poder Judicial de la Federación (PJF), que ya superó los 50 días desde su inicio el 21 de agosto, provocó la suspensión de más de 175 mil nuevos casos judiciales y la paralización de aproximadamente un millón de procesos en curso.
Esta situación ha dejado a la justicia mexicana en un estado de parálisis que afecta no solo a casos de alto perfil, como los de corrupción o extradiciones, sino también a ciudadanos que dependen de resoluciones judiciales para recibir apoyos o defender sus derechos.
Este paro en respuesta directa de jueces y trabajadores del PJF ante la reforma judicial promovida por el gobierno federal, que los manifestantes consideran es una amenaza a la independencia del poder judicial.
La medida que es objeto de críticas y controversias, ya que, aunque algunos actores políticos minimizaron su impacto, la realidad en los tribunales pinta un panorama muy diferente. El abogado Epigmenio Mendieta explicó a Milenio, que una vez que el paro termine, la carga de trabajo se triplicará, afectando aún más la capacidad de respuesta del sistema judicial.
Procesos judiciales detenidos: Corrupción, extradiciones y casos civiles
De acuerdo con información de Milenio, entre los casos más notorios afectados por el paro están aquellos relacionados con la corrupción, como el del exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, acusado en los casos Odebrecht y Agronitrogenados. Aunque su juicio estaba listo para comenzar, la promoción de amparos por parte de Lozoya ha detenido el avance de este proceso, y actualmente se encuentra congelado.
Otro caso destacado es el de Carlos Treviño, también exdirector de Pemex, a quien se le giró una orden de aprehensión. Un amparo promovido por su defensa en contra de esta orden está detenido debido a la suspensión de labores. Estas demoras en procesos judiciales dejaron en la incertidumbre no solo a los acusados, sino también a las víctimas que esperan justicia.
Las extradiciones también fueron impactadas por el paro. Un ejemplo es el caso de Kirill Olegovich Safrán, opositor al gobierno ruso y detenido en México. Su extradición, solicitada por el gobierno de Vladimir Putin, fue suspendida cuando la defensa de Safrán promovió un amparo aludiendo razones políticas detrás de su solicitud. Las audiencias ya habían concluido, y el fallo estaba pendiente de dictarse cuando la suspensión laboral frenó el proceso, manteniendo a Safrán en prisión indefinidamente.
Consecuencias para víctimas y ciudadanos comunes
El impacto de esta crisis judicial no se limita a casos de alto perfil. Miles de ciudadanos que dependen de la justicia federal para resolver problemas administrativos o recibir apoyos también fueron afectados. Uno de estos casos es el de un médico que tramitó un amparo tras ser excluido de un proceso de evaluación para acceder a una residencia médica. Aunque el tribunal resolvió a su favor, la notificación nunca se realizó debido al paro, lo que resultó en la pérdida de su oportunidad.
Las víctimas de delitos también están sufriendo las consecuencias. Según la abogada Reyna Velasco, especialista en temas de derechos de víctimas, muchos amparos promovidos por omisiones en la entrega de apoyos económicos y compensaciones se encuentran estancados.
Además, Velasco advirtió que existe una resistencia por parte de ciertas autoridades para acatar resoluciones judiciales, lo que agrava aún más la situación. Esta “crispación” entre poderes, dijo, está generando un ambiente preocupante de desobediencia institucional.
El futuro incierto del Poder Judicial
Con el paro extendido hasta este 11 de octubre y sin señales claras de una pronta resolución, los operadores del sistema de justicia y los ciudadanos afectados se enfrentan a una crisis de proporciones preocupantes. A medida que los casos se acumulan, el sistema judicial enfrenta el reto de procesar no solo los expedientes suspendidos, sino también los nuevos que llegarán una vez que se retomen las actividades.
La situación plantea serias interrogantes sobre el futuro del PJF y la capacidad del sistema para enfrentar una carga de trabajo que parece estar al borde del colapso. Mientras tanto, tanto los grandes casos de corrupción como los más simples amparos de ciudadanos comunes continúan congelados en un limbo judicial sin precedentes.
