La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció el envío de tres iniciativas de leyes secundarias al Congreso, como parte de la implementación de la reforma constitucional al Poder Judicial.
Se trata de la Ley Orgánica del Poder Judicial, la Ley de Carrera Judicial, y la Ley de Responsabilidades Administrativas, las cuales buscan reorganizar y fortalecer el funcionamiento de este poder, a partir de septiembre de 2025.
Durante la conferencia matutina de este miércoles, Ernestina Godoy, consejera jurídica de la Presidencia, explicó los detalles de las propuestas, señalando que estas serán “herramientas” para que los nuevos jueces, magistrados y ministros desempeñen sus funciones de acuerdo con la reforma.
En el caso de la Ley Orgánica del Poder Judicial, esta establecerá las normas de operación de la Suprema Corte, que pasará de 11 a nueve ministros y dejará de trabajar en salas. Según Godoy, esta ley define “de manera muy clara cuáles son las facultades del Tribunal de Justicia y del Tribunal de Disciplina Judicial”, compuesto por cinco magistrados que serán elegidos en 2025.
Además, la ley específica los procedimientos a seguir y los supuestos en los que debe actuar, con el objetivo de evitar arbitrariedades.
La Ley de Carrera Judicial, por su parte, asegura la continuidad y fortalecimiento de este sistema, así como de la Escuela Nacional de Formación Judicial. Este instituto no solo capacitará a integrantes del Poder Judicial, sino que también abrirá sus servicios a fiscalías y cuerpos policiales, ampliando su alcance en materia de formación profesional.
Por último, la Ley de Responsabilidades Administrativas establece mecanismos para identificar y sancionar irregularidades en el actuar de los integrantes del Poder Judicial. Godoy añadió que las sanciones podrían llegar hasta la remisión de casos al Ministerio Público en caso de configurarse un delito.
“Por primera vez, va a haber esta supervisión, va a haber este espacio, que es el Tribunal en el que van a poder decir ‘actuó mal un juez’”, indicó Godoy.
La consejera jurídica destacó que estas iniciativas buscan dotar de certidumbre al Poder Judicial en la aplicación de procedimientos y en el ejercicio de sus facultades. Además, adelantó que trabajan en la elaboración de las leyes procesales necesarias para cumplir con los plazos establecidos en la reforma constitucional: un año para los casos penales y seis meses para los fiscales.
